El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, volvió a arremeter contra los integrantes del gabinete que cuestionaron públicamente los aranceles del 12,5% aplicados a productos chilenos. La advertencia fue directa: «No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas».
La tensión escaló luego de que el ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificara la medida de «actuación arbitraria del gobierno norteamericano» y sostuviera que «está violentando el Tratado de Libre Comercio». El titular de Defensa, Fernando Barros, fue más lejos: además de criticar a Washington, apuntó directamente contra Judd, argumentando que un embajador que recorre el país conoce su realidad y que aplicar, según sus palabras, «una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación».
Judd calificó esas declaraciones de «muy decepcionantes» y advirtió que complican el trabajo de los negociadores estadounidenses. «Cuando eso sucede, hace muy difícil para nuestros negociadores en Estados Unidos creer que hay algo serio que pueda estar ocurriendo aquí», sostuvo el diplomático, que participaba en el Foro Internacional de Crimen Organizado de la USS.
El embajador también corrigió lo que describió como una lectura errónea de la medida por parte de funcionarios chilenos «de alto nivel»: los aranceles no responden a trabajo forzado dentro de Chile, sino a productos que ingresan al país habiendo sido producidos con trabajo forzado en el extranjero. «Eso es una violación del tratado de libre comercio», afirmó, y añadió que el TLC suscrito entre ambos países contiene disposiciones que habilitan ese tipo de gravámenes. Sobre el ministro Campos, fue explícito: «No creo que esos ministros hayan leído realmente el Tratado de Libre Comercio».
Más temprano, el canciller Francisco Pérez Mackenna había intentado poner paños fríos, recordando que «la Cancillería es la que negocia en esto» y que el objetivo del gobierno es llegar a un acuerdo. Judd respaldó ese enfoque y elogió a la titular de Subrei, Paula Estévez: «Tienen una negociadora muy, muy buena. Déjenla hacer su trabajo».
Lo que está en juego es concreto: fruta fresca, salmones, vino y madera son los sectores exportadores que buscan quedar eximidos de los gravámenes en las negociaciones en curso.
La lectura de Ágora Capital: El episodio expone un problema de disciplina institucional con costos económicos reales. Cuando funcionarios sin mandato negociador toman el micrófono para hacer política doméstica, el precio lo pagan los exportadores que esperan reglas claras al otro lado del Pacífico. Capital busca certidumbre; el ruido ministerial produce exactamente lo contrario. La negociadora técnica tiene el camino despejado en teoría; el gabinete político acaba de complicárselo.
