El Senado de Estados Unidos continúa negociando un proyecto de ley de financiamiento provisional que extendería el presupuesto federal hasta el 11 de diciembre y, de paso, retrasaría hasta esa misma fecha la prohibición planificada sobre la mayoría de los productos derivados del hemp con THC. La fecha original del veto es el 12 de noviembre.
La disposición se ha convertido en el último escollo de las negociaciones. Ocho senadores impulsan una enmienda para mantener el calendario original de la prohibición, y una coalición bipartidista de 35 fiscales generales estatales y territoriales exigió el miércoles al Congreso que no modifique el cronograma.
Una industria que no quiere desaparecer
La industria del hemp intoxicante fue estimada en más de $28 mil millones el año pasado, con 300,000 empleos y $1,500 millones en ingresos fiscales para los estados. La U.S. Hemp Roundtable calificó el retraso propuesto como «una buena noticia» y anunció una campaña de cabildeo para buscar legislación permanente que regule —en lugar de eliminar— los productos intoxicantes.
El origen del problema está en la Farm Bill de 2018, firmada por el presidente Donald Trump en su primer mandato. Esa ley legalizó el cultivo de cáñamo industrial siempre que contuviera no más de 0.3% de THC delta-9. Las empresas encontraron la forma de fabricar comestibles, bebidas y otros productos que técnicamente cumplen esa definición, pero que contienen suficientes intoxicantes para generar efectos psicoactivos. El Congreso votó el año pasado para cerrar ese vacío legal, redefiniendo el THC total y fijando límites muy bajos en productos de consumo.
Texas, el epicentro del impacto
El vacío legal también permite vender estos productos en estados donde la marihuana recreativa sigue siendo ilegal. Texas estimaba su industria de hemp THC en unos $8 mil millones anuales —antes de que una restricción estatal entrara en vigor el 31 de julio—, y el Senado texano calcula que entre 2019 y marzo de 2025 abrieron unas 8,000 tiendas minoristas de este tipo en el estado. Si la prohibición federal se materializa, la Junta de Presupuesto Legislativo de Texas proyecta una reducción de aproximadamente $28.6 millones en fondos de ingresos generales estatales en el año fiscal 2026 y $8.5 millones en 2027.
North Carolina tiene un mercado estimado en $1 mil millones. Georgia y Texas ya aprobaron sus propias leyes para restringir el sector.
El sector también ha servido de tabla de salvación para la industria cervecera artesanal. Indeed Brewing, en Minneapolis, reportó que las bebidas con THC representan casi una cuarta parte de su negocio; Bauhaus Brew Labs, en la misma ciudad, señaló que equivalen al 26% de sus ingresos por distribución y al 11% en su local.
Tanto el Senado como la Cámara deben aprobar el proyecto antes de que el retraso entre en vigor. El Senado tiene programada una votación procedimental inicial para el lunes por la noche.
Lo que está en juego va más allá del cáñamo: es la pregunta de fondo sobre si el Estado federal debe eliminar un mercado de $28 mil millones —con sus empleos y su recaudación— o encontrar un marco regulatorio que lo ordene sin destruirlo. El capital ya tomó posición en ese debate; ahora le toca al Congreso.
