El régimen venezolano activó oficialmente el cobro del nuevo Impuesto Integrado de Hidrocarburos (IIH) tras publicar en Gaceta Oficial el reglamento y las normas técnicas que regulan su determinación, declaración y pago. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, presentó los detalles a representantes de empresas mixtas y contratos de actividades primarias, quienes deben comenzar a cancelar el tributo correspondiente al mes de julio.
Sin embargo, el dinero no llegará a Caracas de forma directa ni inmediata. Según reportó Petroguía, la Licencia General Nº 50 de la OFAC establece que cualquier pago de regalías o impuestos derivados de la explotación petrolera debe depositarse en el Foreign Government Deposit Funds, un fondo administrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Así lo confirmó a ese medio un abogado vinculado a una de las compañías afectadas.
Las empresas alcanzadas por esta obligación son Chevron, Repsol, ENI, Maurel & Prom, Shell y BP. Ninguna de ellas transferirá los recursos correspondientes al IIH directamente al Estado venezolano. Caracas deberá esperar las transferencias que eventualmente autorice Washington desde ese fondo.
El nuevo esquema fiscal unifica la regalía y el IIH sobre una misma base imponible, presentándolos como una sola tasa efectiva que oscila entre 20% y 35%, según las características de cada proyecto.
Las cifras en juego son considerables, aunque no hay datos oficiales confirmados. Según recordó Petroguía, Financial Times estimó recientemente que el fondo acumularía alrededor de 13.000 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2026, mientras que The New Yorker aseguró que ya se han liberado unos 6.000 millones de dólares. Fuentes de PDVSA, por su parte, indicaron que la facturación petrolera entre enero y junio rondó los 11.200 millones de dólares. Ni el Departamento del Tesoro ni el Ministerio de Hidrocarburos han divulgado cifras oficiales sobre los montos acumulados o liberados.
La arquitectura de sanciones diseñada por Washington convierte al Tesoro estadounidense en el custodio de facto de los ingresos petroleros venezolanos generados por las majors occidentales. El régimen puede legislar, publicar gacetas y convocar reuniones con ejecutivos, pero el flujo de caja real depende de una autorización que llega desde el otro lado del Caribe.
Esta es la paradoja del petróleo chavista en 2026: el aparato estatal construyó un nuevo andamiaje tributario para capturar renta, pero la renta ya está retenida por el gobierno al que más le teme. Capital busca reglas claras; el régimen de Maduro ni siquiera controla las propias.
