El consumo de energía en Colombia alcanzó los 7.217,24 gigavatios hora (GWh) en abril de 2026, un incremento del 6,7% frente al mismo mes del año anterior, según datos de XM. En Antioquia, la demanda creció un 5,47% durante mayo, impulsada por el sector industrial, minero y las altas temperaturas.
El contexto se complica hacia adelante. Según el Ministerio de Ambiente, el fenómeno de El Niño alcanzaría su mayor intensidad entre septiembre y diciembre de este año, lo que incrementaría la presión sobre el sistema eléctrico nacional. Las proyecciones de XM advierten que el riesgo de desabastecimiento podría agravarse en los próximos años.
Frente a ese escenario, expertos de Azimut Energía elaboraron una hoja de ruta con cinco acciones que, según la compañía, podrían reducir hasta en un 25% el consumo energético de empresas y organizaciones.
Las medidas incluyen la implementación de sistemas inteligentes de monitoreo para detectar desperdicios en tiempo real, la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED con sensores de movimiento, y el impulso a proyectos de autogeneración mediante paneles solares y sistemas de almacenamiento con baterías. También recomiendan eliminar las llamadas «cargas fantasma» —equipos conectados en modo de espera que siguen consumiendo electricidad— y realizar mantenimiento permanente a los sistemas de aire comprimido para evitar fugas que eleven el gasto energético.
«Los diferentes sectores económicos antioqueños no pueden apagar su producción en medio de esta situación, sino prepararse para hacer un uso eficiente de la energía», señaló Santiago Uribe, cofundador de Azimut Energía.
El mensaje de fondo es claro: la demanda no cede y el sistema tiene límites estructurales que ningún decreto puede ampliar de la noche a la mañana.
Lectura editorial. Lo que revelan estos datos es que la libre empresa ya está buscando soluciones donde el Estado solo ofrece advertencias. La autogeneración solar, el monitoreo inteligente y la gestión eficiente de cargas son respuestas de mercado ante una infraestructura eléctrica que acumula años de subinversión y de decisiones tarifarias distorsionadas por criterios políticos. El riesgo de desabastecimiento no es un fenómeno climático puro: es también el costo de un modelo energético que desincentiva la inversión privada y carga al sector productivo con las consecuencias. Capital busca reglas claras; cuando el sistema eléctrico no las ofrece, la industria se desconecta —en sentido literal— del problema y genera su propia solución.
