Dos militares y un trabajador civil murieron durante un operativo en la mina estatal de Huanuni, en el departamento boliviano de Oruro, después de que efectivos militares y personal de la Empresa Minera Huanuni intentaran frenar el ingreso de presuntos «jukus». La Fiscalía abrió una investigación con varias hipótesis, entre ellas un posible enfrentamiento armado durante la intervención.
El «jukeo» es el robo sistemático de mineral dentro de los socavones. Comenzó como una actividad de individuos que sustraían pequeñas cantidades residuales, pero con el paso de los años derivó en redes organizadas que movilizan grupos numerosos y canales ilegales de comercialización, lo que dificulta el rastreo de la mercadería.
La dimensión del problema no es menor. Una investigación del portal Erbol estima las pérdidas acumuladas por «jukeo» en más de 100 millones de dólares entre 2024 y 2025, afectando tanto a la minería estatal como a cooperativas y operadores privados. El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, situó la producción anual de Huanuni en cerca de 500 millones de dólares y advirtió que, sin la fuga de minerales, el monto «se podría duplicar».
«En Bolivia existe por lo menos un 40% de la fuga de minerales, de recursos económicos, la venta ilegal. Si no habría fuga de minerales, produciríamos casi el doble, imagínese lo que eso significa para el erario nacional», declaró Sánchez en entrevista con la radio Erbol.
El antecedente más grave data de 2018, cuando una explosión en Huanuni atribuida a presuntos jukus dejó ocho trabajadores fallecidos. Tras ese incidente, el entonces ministro de Gobierno Carlos Romero reveló que en ese distrito operaban al menos 30 clanes con liderazgo y estructuras definidas dedicados a esta actividad ilícita. Ocho años después, los operativos siguen sin erradicar la práctica.
Lo que ocurre en Huanuni ilustra un patrón que el libre mercado conoce bien: cuando el Estado gestiona un activo estratégico sin capacidad real de defenderlo, la renta que debería fluir al contribuyente termina capturada por redes criminales. La Empresa Minera Huanuni es propiedad estatal; sus pérdidas son pérdidas del erario. Cada tonelada robada es ingreso fiscal evaporado, presupuesto sanitario o educativo que no llega.
El problema trasciende lo policial. Mientras Bolivia no resuelva el control efectivo de su cadena minera —desde el socavón hasta la comercialización—, la violencia seguirá siendo el único mecanismo de «regulación» que opera en esos túneles. Capital busca reglas claras; el mineral boliviano, por ahora, encuentra solo impunidad.
