Javier Milei anunció el jueves pasado, por cadena nacional, el endurecimiento de sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. El Gobierno lo celebró como un triunfo de agenda. El Congreso, sin embargo, respondió con una lista de exigencias que el oficialismo no controla.
Los números primero. El bloque de Milei tiene 95 diputados y 21 senadores: no alcanza para mayoría en ninguna de las dos cámaras. Cualquier ley de Defensa de la Soberanía Nacional —la que el Ejecutivo promete enviar para modificar la ley 26.659 y crear un Consejo de Seguridad Nacional— deberá negociarse punto por punto con una oposición que ya puso condiciones propias sobre la mesa.
El diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó un proyecto para derogar el convenio de doble imposición con el Reino Unido. Según sus cifras, más de 500 contribuyentes británicos usan ese régimen preferencial, con un costo fiscal promedio de US$50 millones anuales. "Si el gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas", planteó en X.
Más sensible para el capital es el pedido de revisar las compañías adheridas al RIGI, el régimen que el Gobierno diseñó para atraer inversión extranjera con reglas estables. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció que Southern Energy —beneficiaria del RIGI— está integrada en un 15% por Harbour Energy, firma que antes operaba como Premier Oil y que fue sancionada en 2013 por operar sin autorización argentina cerca de Malvinas, con una prohibición vigente hasta 2028. Ferraro sostiene que el cambio de nombre no borró esa sanción.
Otras iniciativas de UP incluyen un fondo para defensa marítima financiado con multas de la ley 26.659 y una mesa interpartidaria que, según el diputado Juan Marino, debería frenar el proyecto petrolero Sea Lion sin profundizar el alineamiento con Estados Unidos. Desde Provincias Unidas, Pablo Juliano pidió revisar la venta de predios de la Armada en Ushuaia y el estado de la Base Aeronaval Punta Indio. El gobernador Raúl Jalil, aliado de la Casa Rosada, respaldó el giro pero reclamó más infraestructura militar en Tierra del Fuego.
Santiago Caputo, artífice comunicacional de la cadena nacional, salió a presionar a la oposición: "Vamos a ver ahora si todos los que se pasaron décadas hablando sobre soberanía nacional tienen lo que hay que tener para dotar al Gobierno de las herramientas necesarias."
El mercado ya votó sobre lo que significa estabilidad en las reglas: el RIGI fue la apuesta central del Gobierno para descomprimir el riesgo país y atraer capital de largo plazo. Que la discusión sobre soberanía termine convertida en excusa para reabrir ese régimen, empresa por empresa, es exactamente el tipo de incertidumbre que un inversor extranjero factura antes de firmar un contrato.
Capital busca reglas claras, no causas nobles convertidas en excusa legislativa. Si la oposición logra instalar que cada beneficio fiscal o cada adhesión al RIGI puede revisarse según el humor político del momento, el costo no lo paga Londres: lo paga la próxima inversión que Argentina necesita para crecer.
