La tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) abrió este jueves 9 de julio de 2026 por encima de 700 bolívares por dólar —700,22 exactamente—, frente a los 489,55 bolívares por dólar que registraba el 1.º de mayo de 2026. La diferencia representa, según Fetraenergía, «una depreciación histórica donde el bolívar perdió cerca del 43% de su valor en poco más de dos meses».
Solo en lo que va de julio, el tipo de cambio oficial acumula una depreciación de 10%, de acuerdo con las cotizaciones publicadas en la página del emisor. En el mercado paralelo, la tasa Binance —principal referencia para fijar precios finales en bolívares— se situaba este jueves en 837 bolívares por dólar, con una brecha respecto al BCV cercana al 20%.
El impacto sobre los ingresos fijos es aritmético y brutal. Fetraenergía ilustra el problema con un ejemplo concreto: una pensión o bonificación de 70 dólares equivalía en mayo a 34.268,50 bolívares. Con ese mismo monto estático en bolívares, el jubilado recibe hoy el equivalente a solo 48,95 dólares, «lo que se traduce en una pérdida directa de más de 21 dólares de capacidad de compra», señala la federación.
Frente a esta erosión, Fetraenergía —federación disidente que agrupa 34 sindicatos en la industria de hidrocarburos, gas, energía y sectores conexos— reclama al gobierno interino una medida concreta: «Que cada trabajador, jubilado y pensionado decida libremente si desea recibir el pago de sus bonos y salarios en bolívares o en divisas a través del sistema de la banca nacional». Iván Freites, secretario general de la federación, lo resume como «dualidad monetaria real».
El reclamo llega en un momento de recomposición institucional para el propio sindicato. Fetraenergía se prepara para obtener la semana próxima su legalización ante el Ministerio del Trabajo, tras años de persecución. Según Freites, el ministerio «está comenzando a arreglar los expedientes, inicialmente en las regiones del país», en el marco de las exigencias del actual tutelaje.
El mecanismo que agrava la situación es conocido: los salarios se liquidan a la tasa BCV —la más baja—, mientras los precios en el mercado de bienes de consumo se referencian al dólar paralelo. La brecha entre ambas tasas actúa como un impuesto silencioso sobre el trabajador formal.
La lectura de Ágora Capital es directa. Una moneda que pierde 43% en dos meses no es un fenómeno técnico: es la consecuencia de un aparato estatal que financia su operación erosionando el ahorro de quienes menos pueden defenderse. La propuesta de Fetraenergía —libertad para elegir la moneda de cobro— no es una demanda radical; es libre empresa aplicada al salario. Capital busca reglas claras, y los trabajadores venezolanos, como cualquier agente económico, merecen el mismo derecho: proteger su ingreso de la destrucción monetaria que el propio Estado produce.
