El bolívar cerró julio con el dólar oficial en 746,62 bolívares, frente a los 633,36 con que arrancó el mes. El Banco Central de Venezuela (BCV) registra así un incremento mensual de 17,8 % en la cotización, lo que los expertos traducen como un encarecimiento generalizado de productos y servicios, mayormente cotizados en la moneda norteamericana. El euro, por su parte, ganó terreno como referencia adicional para fijar precios.
En lo que va de 2026, la devaluación del bolívar acumula 59,6 %. El dólar oficial comenzó el año en 301,37 bolívares, lo que significa que desde entonces la devaluación del bolívar equivale a un aumento de 147,7 % en esa cotización.
El deterioro cambiario no es nuevo. La cotización del dólar acumula más de una veintena de meses de aumento sostenido desde octubre de 2024, en detrimento de la moneda venezolana, con la que aún se cobran servicios básicos y se pagan salarios. Esos ingresos han perdido poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación, según la propia fuente oficial.
La inflación tampoco cede. El BCV acumula un alza de precios de 129,8 % hasta junio, mes en que los precios crecieron 13,8 %, siete puntos y medio más respecto a mayo.
El factor detonante de la aceleración reciente fue el doble terremoto del 24 de junio. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según las autoridades. El economista Asdrúbal Oliveros señaló a EFE el 9 de julio que en las dos semanas posteriores a los terremotos hubo «una aceleración de la depreciación del bolívar, principalmente en el mercado oficial». Oliveros también explicó que la emergencia generó «presiones adicionales sobre el gasto público y las expectativas, lo que también incide en el mercado cambiario».
Desde Ágora Capital, el cuadro venezolano ilustra con precisión lo que ocurre cuando un aparato estatal sin ancla fiscal enfrenta un choque externo: el ajuste lo absorbe la moneda, no el presupuesto. La devaluación actúa como un impuesto silencioso que recae sobre quienes cobran en bolívares —trabajadores y receptores de servicios básicos— mientras el Estado evita el debate sobre el costo real del gasto público. Capital busca reglas claras; Venezuela ofrece lo contrario: una divisa que pierde más de la mitad de su valor en siete meses y una inflación acumulada que destruye cualquier cálculo de retorno.
