El Boeing donado por Qatar al gobierno de Estados Unidos tiene dueño claro: el Departamento de Defensa. Lo que no tiene es destino.
Eric Trump declaró a NBC News que enviar la aeronave a la biblioteca presidencial planeada en Miami «no es el plan por el momento». Un funcionario de la Casa Blanca, sin identificarse, confirmó al New York Times que no hay decisión final sobre el uso del avión tras el mandato de Trump.
El valor de la aeronave es de $400 millones. Las mejoras de seguridad y otros trabajos de actualización elevarán esa cifra en cientos de millones adicionales. Ambas cifras provienen de fuentes citadas en el reporte original.
Un regalo que encendió el Congreso
Estados Unidos aceptó el jet de Qatar el año pasado. El movimiento fue calificado de inédito y generó rechazo bipartidista. Los críticos señalaron una cláusula constitucional que prohíbe a funcionarios federales recibir regalos significativos de gobiernos extranjeros sin aprobación del Congreso.
La salida legal fue un estatuto de 1990. Ese estatuto permite al Pentágono aceptar contribuciones para programas de defensa. Por eso el avión pertenece al Departamento de Defensa y no a Trump en forma personal.
Aun así, los representantes Jamie Raskin y Sydney Kamlager-Dove lo calificaron, según las fuentes, como un «soborno descarado».
Vuelo corto y regreso al modelo viejo
Trump usó el jet en julio para asistir a una cumbre de la OTAN en Turquía. El regreso lo hizo en el modelo anterior de Air Force One. El Servicio Secreto recomendó el cambio: el avión qatarí no contaba con todas las capacidades defensivas del original.
El aparato sigue en proceso de modernización. Boeing trabaja en paralelo en la entrega de dos nuevos Air Force One. Ese contrato acumula retrasos y ya costó a la empresa cientos de millones de dólares en pérdidas.
Para transferir el jet a una biblioteca presidencial, el gobierno debe designarlo como propiedad excedente. Sin esa designación, el avión permanece dentro del inventario federal.
La lectura del mercado
Un activo de $400 millones —con mejoras en curso que multiplicarán ese valor— sin plan de disposición claro es, ante todo, un problema de gestión del patrimonio público. El dinero del contribuyente financió las actualizaciones. La decisión sobre su uso final no puede quedar indefinida.
Ágora Capital observa que la controversia no es solo diplomática. Es fiscal. Cada mes sin definición es un costo operativo que corre por cuenta del erario. Capital busca reglas claras; el Estado, en este caso, aún no las tiene.
