La reducción gradual de la jornada laboral máxima a 42 horas semanales, establecida por la Ley 2101 de 2021, ya tiene un primer diagnóstico empresarial: costoso e incierto.
La Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) encuestó a 166 organizaciones de distintos tamaños y sectores. El resultado es contundente: el 68% de las empresas considera que la medida reducirá su rentabilidad. Al mismo tiempo, el 90% reconoce que el cambio beneficia el bienestar y el equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores.
Los números de implementación reflejan una transición lenta. Hoy, el 71% de las compañías mantiene una jornada de 44 horas semanales. Solo el 14% ya opera bajo el esquema de 42 horas. Un 9% trabaja 40 horas y el 6% restante se ubica en 43 horas.
En cuanto a la distribución semanal, el 52% de las empresas trabaja cinco días, el 44% continúa con seis días y apenas el 4% opera bajo un esquema de cuatro días.
Las organizaciones han respondido con ajustes internos. El 51,2% reprogramó sus turnos de trabajo, el 48,2% inició procesos de transformación cultural y el 30,1% realizó reestructuraciones para redistribuir funciones. Ninguna de estas medidas es gratuita: todas implican tiempo de gestión, consultoría y, en muchos casos, contratación adicional.
Juan Carlos Ramírez, presidente de ACRIP, lo resume sin rodeos: «Sin duda esta es una medida que favorece el bienestar de los empleados para tener más tiempo y balance con su vida personal, pero se constituye en un reto importante para las organizaciones en términos de ajustar los procesos que aseguren una productividad efectiva y sin sobrecostos».
El informe identifica como principales preocupaciones empresariales mantener los niveles de productividad en menos horas, controlar el incremento de costos por horas extras y sobrecargos, y adaptar la cultura organizacional al nuevo esquema. Sobre flexibilidad, el 55,4% de las empresas ya ofrece horarios flexibles de ingreso y salida, mientras que el 44,6% aún no ha implementado ese tipo de esquemas.
En materia de rotación, las empresas con jornadas de cinco días registran un promedio del 15,9%, frente al 17,1% de las que operan seis días. Una diferencia que ACRIP considera favorable a las jornadas más cortas, aunque moderada.
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Desde Ágora Capital, la lectura es directa: cuando el Estado legisla sobre el tiempo de trabajo sin consultar la estructura de costos del sector productivo, la factura la paga la libre empresa. Una política laboral que eleva el costo de la hora —según reportes previos, hasta un 5% adicional para las mipymes— en un entorno de baja inversión y alto riesgo regulatorio como el que caracteriza al gobierno Petro no es un ajuste menor: es un desincentivo estructural a la contratación formal.
El mercado ya está respondiendo: el 71% de las compañías no ha completado la transición, no por desobediencia, sino porque los números no cuadran. Colombia sigue siendo, según datos citados en el propio informe, el país de la OCDE donde más horas se trabajan. Reducir horas por decreto, sin aumentar productividad por inversión o tecnología, no crea riqueza. Solo la redistribuye —y, en este caso, la encoge.
