Las Fuerzas Militares de Colombia asestaron un nuevo golpe a las redes de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, en articulación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército, la Armada y el CTI de la Fiscalía, inutilizaron once dragas artesanales tipo buzo en el sector de Guarumo, municipio de Cáceres.
Las unidades intervenidas operaban sin permisos legales vigentes ni licencia ambiental, según informaron fuentes castrenses. La maquinaria destruida incluía las once dragas y 50 galones de ACPM, con un valor cercano a los 280 millones de pesos.
El impacto financiero es mayor. De acuerdo con el Ejército, las dragas inutilizadas tenían capacidad para procesar 5.500 gramos de oro mensuales, con un valor comercial superior a los 2.000 millones de pesos. Las fuentes castrenses señalan que los equipos habrían pertenecido a la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, presuntamente ligada al Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.
Esta operación no es un hecho aislado. En la última semana de agosto, tropas de la Cuarta Brigada destruyeron maquinaria en la vereda La Hondita, zona rural de San Carlos, Oriente antioqueño. Allí, el Batallón Especial Energético y Vial N.º 4, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, desmanteló una unidad de producción minera tipo socavón. Entre la maquinaria inutilizada en esa operación quedaron dos motores diésel, tres motores eléctricos, dos motobombas, dos clasificadoras y una clasificadora de poleas, además de herramientas menores. El Ejército estimó que esa estructura generaba ingresos cercanos a 650 millones de pesos mensuales.
En menos de un mes, las operaciones en Antioquia habrían afectado capacidad productiva ilegal por más de 2.650 millones de pesos mensuales combinados.
Los números hablan solos: la minería ilegal no es un delito menor ni una actividad marginal. Es una cadena industrial que financia estructuras armadas, destruye ecosistemas sin licencia ambiental y desplaza la inversión legítima. Cada draga inutilizada es un flujo de caja cortado para el crimen organizado.
Desde Ágora Capital, la lectura es directa: la seguridad jurídica y el control territorial son condiciones previas al capital. Ningún inversionista minero formal puede competir en una región donde el Estado cede el terreno a estructuras que operan sin costos regulatorios ni ambientales. Recuperar ese terreno —con operaciones como las de Cáceres y San Carlos— es también recuperar las condiciones mínimas para la libre empresa.
