Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos amanecerán este 24 de julio con un costo de entrada más alto. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó el 23 de julio su decisión de elevar del 10 % al 12,5 % el arancel adicional que recaen sobre un grupo significativo de productos colombianos, en el marco de una investigación abierta bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El detonante no es que los bienes colombianos se fabriquen con trabajo forzoso. La USTR fue explícita: el cuestionamiento apunta a que Colombia no ha adoptado ni aplicado de manera efectiva una prohibición para impedir el ingreso a su territorio de mercancías producidas, total o parcialmente, bajo esas condiciones. En otras palabras, el problema es regulatorio, no productivo.
El nuevo recargo entró en vigor a las 12:01 a. m. del 24 de julio (hora del Este) y reemplaza —no se acumula sobre— el sobrearancel temporal del 10 % vigente desde febrero. El incremento neto es de 2,5 puntos porcentuales.
Qué queda dentro y qué queda fuera
La medida no alcanza a toda la canasta exportadora. Permanecen excluidos el café, el banano, el aguacate, la piña, el mango y otras frutas tropicales, además del petróleo, el carbón, el oro, el cacao, los medicamentos, los insumos farmacéuticos y ciertos bienes sujetos a medidas de la Sección 232.
Los sectores más expuestos son la floricultura, las confecciones, las manufacturas de plástico y varios productos agroindustriales e industriales, salvo que sus subpartidas estén expresamente excluidas por la USTR. Existe además una ventana de tránsito: las mercancías cargadas antes de la entrada en vigor y nacionalizadas en EE.UU. antes del 28 de julio no pagarán el nuevo gravamen.
La desventaja competitiva
El análisis de Analdex cuantifica el daño relativo. Países como Argentina, Canadá, Ecuador, México, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Bangladesh, Camboya y Sri Lanka quedaron sujetos a un recargo del 10 % o cumplen con las condiciones exigidas por Washington. Colombia, con 12,5 %, carga 2,5 puntos adicionales frente a ese grupo de 13 competidores directos en el mercado estadounidense.
Para el sector floricultor —que depende de manera estructural del mercado norteamericano— ese diferencial puede traducirse en márgenes comprimidos o pérdida de contratos frente a proveedores de Ecuador o Colombia misma si logra ajustar su marco regulatorio.
La lectura de Ágora Capital
Esta decisión es, en el fondo, la consecuencia de un déficit regulatorio que el gobierno Petro no ha resuelto. Washington no improvisa: la Sección 301 exige evidencia de omisión normativa, y la USTR la encontró. Mientras el aparato estatal colombiano debate otras prioridades, los exportadores privados —floristas, confeccionistas, manufactureros— pagan el costo de esa inacción con aranceles más altos que sus rivales.
Capital busca reglas claras. Cuando el Estado no las provee, el mercado externo las impone. La pregunta para Bogotá no es si el arancel es justo, sino cuánto tiempo más puede permitirse la desventaja.
