El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, cerró su investigación bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 y confirmó aranceles de castigo contra 60 economías acusadas de no bloquear importaciones producidas con trabajo forzoso. Chile quedó en el grupo más penalizado: 39 economías que recibirán el gravamen más alto.
La medida se estructura en tres niveles. El primer grupo —con aranceles del 10% o 12,5%— incluye a economías que cumplen al menos una de las condiciones exigidas por Washington: imponer una prohibición de importación de trabajo forzoso, comprometerse a hacerla cumplir mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, o contar con un régimen parcial que impida la entrada de ciertos bienes producidos bajo esas condiciones. En ese grupo favorable están Argentina, México, Canadá, India, Bangladesh, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Indonesia, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Jordania, Trinidad y Tobago y el Reino Unido, entre otros.
Chile, en cambio, integra el bloque de 39 economías al que se aplica el gravamen más alto, sin que el USTR haya precisado productos chilenos específicos ni acusado directamente al país de exportar bienes con trabajo forzoso. Así lo reconoció el propio gobierno chileno: «La resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición».
El cobre quedó excluido de la lista de productos afectados. No así el salmón, los alimentos y el sector maderero, que sí quedan expuestos al arancel de castigo. Gabriela Landeros, gerente senior de global trade en Deloitte, advirtió que «países vecinos como Argentina tengan un arancel más bajo puede generar una desventaja relativa en aquellos productos en que ambos países compiten en el mercado estadounidense», aunque precisó que el impacto debe analizarse caso a caso.
El gobierno del presidente José Antonio Kast rechazó la decisión. «El gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso», señaló el Ejecutivo en un comunicado. La administración Kast adelantó que continuará negociando con Washington para obtener exclusiones en productos esenciales de la canasta exportadora chilena.
El contexto amplifica el golpe: el arancel del 10% impuesto a Chile durante el llamado «Día de la Liberación» de Trump expiraba precisamente esta semana, luego de que la Corte Suprema estadounidense lo rechazara. Ahora, en su lugar, llega un gravamen potencialmente superior bajo una figura legal distinta.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el resultado expone un problema de fondo: Chile carece de los mecanismos regulatorios que Washington considera mínimos para acceder al tramo arancelario más bajo. Mientras economías vecinas —incluyendo Argentina, que atraviesa su propio proceso de desregulación bajo Milei— negociaron o acreditaron compromisos concretos, Santiago llegó al cierre del proceso sin las herramientas que el USTR exige. Capital busca reglas claras, y en este tablero la claridad tiene precio arancelario. La libre empresa chilena, especialmente la industria salmonera y maderera, pagará la factura de una brecha regulatoria que el Estado no cerró a tiempo.
