El gobierno de Estados Unidos gravó con un arancel de 12,5% a una serie de productos chilenos —salmones, vinos embotellados y distintos tipos de frutas— invocando la sección 301 de la Ley de Comercio, bajo el argumento de que Chile no ha adoptado prohibiciones suficientes a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.
La medida se inscribe en una política general de la administración Trump que afectó a un grupo de 60 economías. A Chile y otros países se les aplicó la tasa de 12,5%; al resto, un 10%. Entre los que obtuvieron la tarifa menor figuran Argentina y Ecuador, que según la fuente habrían demostrado «avances concretos para desalentar este flagelo», pese a no contar con un tratado de libre comercio con Washington.
El TLC no fue escudo suficiente
El resultado expone una paradoja costosa: Chile posee un TLC vigente con Estados Unidos desde hace más de 20 años, período en el que el trabajo forzado nunca se levantó como tema de controversia. La confianza en ese instrumento —sumada a la afinidad ideológica entre la administración Kast y el gobierno Trump— llevó a Santiago a subestimar el riesgo. El mercado ya votó: los envíos nacionales perderán competitividad frente a destinos con menor carga arancelaria.
Desorden en La Moneda
Tras el anuncio, distintos ministros expresaron posiciones divergentes sin que hubiera una voz oficial coordinada desde La Moneda. La Cancillería tomó la palabra con retraso. Está prevista para agosto la visita del vicepresidente del Departamento de Comercio de EE.UU., lo que abre un margen de negociación. Entre los temas que podrían estar sobre la mesa figuran el «screening» de inversiones y el resguardo de la propiedad intelectual, áreas donde Chile tendría espacios de mejora.
Una política que no desaparecerá con Trump
La recaudación arancelaria de EE.UU. ronda los 18.000 millones de dólares mensuales, según la fuente, y la guerra comercial con China ofrece un incentivo estructural para mantener estas medidas. La propia administración Biden conservó en lo esencial los aranceles que el primer gobierno Trump aplicó a Beijing. En ese contexto, la diplomacia chilena deberá proyectarse a largo plazo y no tratar los aranceles como un fenómeno transitorio.
Lectura de Ágora Capital
Lo ocurrido con Chile es un recordatorio de que el libre comercio no se defiende solo con tratados firmados: se defiende con capacidad negociadora activa, inteligencia diplomática y, sobre todo, sin exceso de confianza. El aparato estatal chileno apostó a la afinidad política como sustituto de la gestión técnica, y el resultado fue una sobretasa que encarece las exportaciones frente a competidores sin TLC.
Capital busca reglas claras, y las reglas hoy son las que fija Washington caso a caso. Santiago tiene una ventana en agosto para atenuar el daño; aprovecharla exige orden interno, voz única y la disposición de negociar dentro —no al margen— del TLC que tanto costó construir.
