El viernes 24 de julio de 2026, Estados Unidos activó aranceles de entre 10 y 12.5 por ciento sobre importaciones procedentes de 60 economías —que concentran más del 99 por ciento de sus compras externas—, al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El argumento oficial: esos socios no combaten el trabajo forzado.
Las nuevas tarifas sustituyen a los gravámenes temporales de la Sección 122 y llegan después de que la Suprema Corte invalidó la arquitectura original del «Día de la Liberación» de abril de 2025. Es, en poco más de un año, la tercera piel jurídica del mismo animal: el muro arancelario de Donald Trump.
La lectura dominante —que Trump rompió con casi ochenta años de tradición librecambista— es correcta, pero incompleta, según el análisis del economista Enrique Quintana en El Financiero. La verdadera anomalía, argumenta, no fue el proteccionismo: fue el libre comercio.
Estados Unidos nació proteccionista. En 1791, Alexander Hamilton presentó su «Informe sobre las Manufacturas», manifiesto fundacional de la protección a la industria naciente. El arancel McKinley de 1890 llevó los gravámenes promedio a niveles cercanos al 50 por ciento. El Partido Republicano gobernó durante décadas como el partido del proteccionismo, de Lincoln a Hoover. No es casual, señala Quintana, que Trump cite a William McKinley como su presidente favorito.
El episodio más citado —la Ley Smoot-Hawley de 1930— fue precedido por el arancel Fordney-McCumber de 1922, que llevó los aranceles sobre bienes gravados a casi 60 por ciento y detonó represalias que contrajeron el comercio mundial en dos terceras partes entre 1929 y 1934. Douglas Irwin, de la Universidad de Dartmouth, lo ha documentado: durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos fue una economía de aranceles altos.
El giro librecambista fue producto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Con el GATT de 1947, Washington construyó el sistema comercial abierto no por convicción doctrinaria sino por cálculo geopolítico: los mercados abiertos eran el cemento del bloque occidental. El arancel promedio estadounidense bajó de dos dígitos a menos de 3 por ciento. Ese es el mundo que hoy se desmonta.
El libre comercio como consenso global fue, en realidad, un paréntesis de apenas tres décadas: de finales de los ochenta a mediados de la década pasada. India mantiene un arancel promedio cercano a 17 por ciento —el más alto entre las grandes economías— y lo defiende sin complejos. Brasil y el Mercosur conservan un arancel externo común de dos dígitos. La propia OMC lleva más de dos décadas sin cerrar una ronda, con su órgano de apelación paralizado desde 2019.
Lo verdaderamente distintivo de Trump, concluye Quintana, no es querer proteger la manufactura norteamericana. Es que quien desmonta el sistema es su propio arquitecto y principal beneficiario, y que lo hace con instrumentos —la Sección 301, la seguridad nacional de la Sección 232, ahora el trabajo forzado— diseñados para casos excepcionales.
Desde Ágora Capital, el dato que importa es este: capital busca reglas claras, y la sucesión de fundamentos jurídicos —Sección 232, luego 301, con el argumento del trabajo forzado como nueva cobertura— señala exactamente lo contrario. Cada nueva «piel jurídica» prolonga la incertidumbre para las cadenas de suministro y encarece el cálculo de inversión en cualquier economía integrada al mercado estadounidense. El muro arancelario puede tener raíces históricas profundas; eso no lo hace menos costoso para el productor, el exportador y, en última instancia, el consumidor que paga el precio en el mostrador.
