El Gobierno de Ecuador asignó más de 1,3 millones de dólares para proteger el sistema educativo frente a los efectos del fenómeno de El Niño, según informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) este sábado.
La partida principal, de 1.044.000 dólares, se destinará a intervenciones preventivas en 264 instituciones educativas seleccionadas con base en criterios técnicos de exposición, vulnerabilidad y recurrencia de eventos adversos. Los trabajos incluyen reparación de cubiertas, filtraciones, tuberías, canaletas, impermeabilización y drenajes.
A esa cifra se suman 310.000 dólares para la adquisición de kits de mitigación ante inundaciones, equipados con motobombas, hidrolavadoras, generadores eléctricos y accesorios, que serán distribuidos en zonas priorizadas según criterios técnicos de riesgo.
«Cada recurso destinado a la prevención es una inversión en la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y familias», declaró Gilda Alcívar, ministra del ramo.
El plan se articula al RESPONDEc-Educ, que establece acciones de prevención, preparación, respuesta, recuperación y continuidad educativa. A escala territorial se desarrollaron líneas contingentes para fortalecer protocolos de respuesta y coordinación interinstitucional.
El contexto es urgente: la alerta climática pasó de Amarilla a Naranja en 17 de las 24 provincias del país. Ante ese cambio, el Minedec reforzó el monitoreo de instituciones en zonas de riesgo, el seguimiento a las intervenciones de infraestructura y la coordinación con otras instituciones competentes. También se trabaja con el Ministerio de Salud Pública para prevenir enfermedades vectoriales asociadas a inundaciones.
Las acciones se complementan con trabajos comunitarios en las propias instituciones educativas: limpieza de drenajes, eliminación de desechos y prevención de acumulación de agua.
Lectura de Ágora Capital. La magnitud del desafío pone en evidencia un problema estructural: la infraestructura escolar pública acumula déficits de mantenimiento que convierten cada fenómeno climático en una emergencia fiscal. Destinar 1,3 millones de dólares a 264 planteles —menos de 4.000 dólares por institución en promedio— es un punto de partida, no una solución. El verdadero costo de la negligencia preventiva lo pagan los contribuyentes cuando la emergencia ya ocurrió: suspensión de clases, reposición de infraestructura dañada y pérdida de capital humano acumulado. La continuidad educativa no es solo un derecho; es un activo productivo que el Estado tiene la obligación de custodiar con eficiencia, no solo con decretos.
