El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó el 2 de julio de 2026 que Estados Unidos anunciará en la primera semana de agosto aranceles por «sobrecapacidad de producción», el segundo componente de la investigación 301 que Washington inició contra México.
El primer componente —trabajo forzoso— ya derivó en un arancel que sustituyó el gravamen previo del 10% por otro de igual magnitud. El segundo, que involucra sobrecapacidad, está pendiente de publicación y su alcance aún no se conoce.
Por esa razón, México decidió no celebrar una cuarta ronda de negociaciones bilaterales del T-MEC en agosto. La siguiente reunión quedó fijada para septiembre. Ebrard lo explicó sin rodeos: «A lo mejor vamos a hacer la ronda y vamos a avanzar muchos temas y de repente nos van a sacar otra lista de arancel».
La tercera ronda, realizada del 21 al 23 de julio, dejó en evidencia diferencias de fondo. Estados Unidos busca modificar las reglas de origen —revisión prevista para 2027— y restringir exportaciones agrícolas mexicanas en ciertas estaciones del año. México, por su parte, exige la eliminación de aranceles al sector automotriz, al acero y al aluminio, y rechaza la estacionalidad agrícola.
Ebrard subrayó que el 85% de las exportaciones mexicanas no pagan arancel gracias a la condición preferencial que otorga el T-MEC, lo que ha sostenido el crecimiento exportador. Sin embargo, reconoció que el nuevo «sistema arancelario» que Washington prepara podría reorganizar las condiciones de acceso: «Hazte cuenta que nosotros somos la Tierra y se está reorganizando el sistema solar. Yo necesito saber si me voy a quedar en mi órbita o vas a cambiar la órbita de varios planetas».
Lo que está en juego
La postura de posponer la negociación tiene una lógica táctica comprensible: sentarse a la mesa sin conocer el mapa arancelario completo equivale a firmar un acuerdo parcial que mañana puede quedar obsoleto. Hasta ahí, la prudencia es razonable.
Pero la metáfora astronómica de Ebrard revela algo más incómodo: México negocia reactivamente, esperando que Washington defina las reglas antes de moverse. Para una economía cuyo 85% de exportaciones depende de un solo socio, esa posición de espera tiene un costo real en certidumbre para las empresas, en decisiones de inversión diferidas y en contratos de largo plazo que nadie quiere suscribir mientras el sistema arancelario sigue en construcción. La libre empresa necesita reglas claras hoy, no en septiembre.
