El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagó 1.500 millones de dólares por dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California, en una operación cerrada el 2 de julio de 2026. La transacción consolida la infraestructura federal de control migratorio en el estado que más resistencia política ha opuesto a la agenda del presidente Donald Trump.
Los activos adquiridos son el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera entre California y México, por 739,2 millones de dólares, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, por 732,6 millones de dólares. Ambas instalaciones pertenecían a la compañía carcelaria CoreCivic, según documentos legales de la venta citados por CalMatters.
Otay Mesa tiene capacidad para 1.994 personas; California City, recientemente inaugurado, alberga hasta 2.560. En conjunto, los dos recintos suman más de 4.500 plazas de detención bajo propiedad directa del gobierno federal.
CoreCivic indicó en un comunicado que «espera continuar gestionando» las operaciones diarias de ambos centros en virtud de los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Estado compra el ladrillo; la empresa privada opera la instalación: un modelo que mantiene el flujo de capital hacia CoreCivic mientras el gobierno gana control patrimonial de largo plazo.
La compra se produjo días después de que el Congreso aprobara un paquete republicano de 70.000 millones de dólares para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias migratorias federales durante el resto del mandato de Trump. La señal política es inequívoca: la infraestructura de deportaciones no es un gasto coyuntural, sino una apuesta estructural.
Las fuentes también registran tensiones operativas. En los primeros seis meses de 2026 se reportaron 52 fallecimientos de extranjeros bajo custodia de ICE. Un análisis de CBS reveló que al menos 15 de los 45 centros con capacidad para 500 o más personas no han sido inspeccionados en el último año, y que al menos cinco no tienen registro alguno de inspección.
Lectura editorial. La adquisición refleja una lógica de libre mercado aplicada al control fronterizo: el Estado deja de ser arrendatario perpetuo y pasa a ser propietario, reduciendo la dependencia de contratos renovables y, en teoría, el costo unitario a largo plazo. El mercado ya votó el 2 de julio de 2026 con 1.500 millones de razones.
Lo que el dato de las inspecciones pendientes pone sobre la mesa es distinto: la escala de la operación ha superado la capacidad de supervisión del propio aparato federal. Capital busca reglas claras, y eso incluye estándares de rendición de cuentas internos. Sin ellos, la expansión de infraestructura se convierte en un pasivo reputacional que los críticos del programa usarán con eficacia.
