El Partido Comunista de Venezuela (PCV) —intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia y opositor al chavismo— exigió este martes una auditoría pública y ciudadana de la deuda externa del país. El motivo es tan elemental como alarmante: «no existe una cifra oficial, pública y auditada sobre el monto total de las obligaciones externas del país», según nota de prensa reseñada por Efe.
Las estimaciones disponibles son dispares en extremo. Transparencia Venezuela calculó en marzo una deuda superior a los 170.000 millones de dólares. El Financial Times elevó esa cifra hasta 240.000 millones en junio, cuando informó que Venezuela tenía previsto declarar ese monto acumulado. El propio PCV cita un rango de entre 95.000 y cerca de 240.000 millones de dólares, brecha que, a su juicio, revela la «opacidad con la que se ha manejado el tema».
El 13 de mayo, el gobierno interino anunció el lanzamiento de un proceso «formal, integral y ordenado» para la reestructuración de la deuda pública externa y la de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sin precisar el monto total comprometido.
El PCV advirtió que ese proceso de reestructuración «amenaza con convertirse en un mecanismo de sometimiento a los intereses del capital internacional». La organización identificó tres actores en disputa: fondos de inversión que buscan cobrar sus bonos, corporaciones transnacionales que aspiran a convertir reclamaciones en nuevos negocios, y acreedores que procuran asegurar acceso a la renta nacional.
El partido rechazó que generaciones presentes y futuras «sean condenadas a pagar deudas contraídas en condiciones opacas, sometidas a intereses especulativos o utilizadas para enriquecer a sectores privados nacionales e internacionales». Instó a destinar los recursos del país a atender la emergencia social, recuperar servicios públicos y garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores, en un contexto de apagones y pérdida del poder adquisitivo.
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Desde Ágora Capital, el cuadro es inequívoco: décadas de aparato estatal sin rendición de cuentas produjeron una deuda soberana cuya magnitud exacta nadie puede certificar. Esa es la herencia directa de un modelo que subordinó la información fiscal al control político.
La paradoja es que sea el PCV —un actor de izquierda— quien hoy exija transparencia que el propio chavismo nunca ofreció. El mercado ya lo sabe: sin cifras auditadas, sin reglas claras y sin instituciones independientes, cualquier proceso de reestructuración arranca con prima de riesgo máxima. El capital no negocia con cajas negras; las descuenta.
