La deuda reestructurada de empresas chilenas acogidas a un Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) alcanzó los $243 mil millones en el primer semestre, un alza de 216% frente a los $77 mil millones del mismo período del año anterior. Los datos provienen del vigésimo Reporte de Insolvencia de Chile (RIC), elaborado por Fix Partners Advisors.
El fenómeno no responde a un mayor número de solicitudes concursales. Al contrario: los casos cayeron de nueve en el primer trimestre a solo cuatro entre abril y junio. Lo que cambió es el tamaño de las empresas involucradas. La deuda promedio reestructurada en el segundo trimestre llegó a $34 mil millones, 209% más que los $11 mil millones del trimestre anterior.
«La deuda promedio subió mucho porque tenemos menos casos, pero son casos más grandes, de empresas más grandes», explicó Ernesto Solís, socio de Fix Partners Advisors. Los tres procesos que concentraron el volumen fueron Hacienda Chada S.A. ($86,4 mil millones en pasivos), Núcleo Salud SpA ($23,2 mil millones) e Importadora Helico Limitada ($19,5 mil millones).
Dos sectores, toda la presión
El 68,7% de los pasivos reestructurados correspondió al rubro Agrícola y Forestal, con $93,7 mil millones. El 31,3% restante —$42,7 mil millones— provino del sector Salud, que según Solís «está muy apretado, incluyendo las isapres, las clínicas y los proveedores».
El diagnóstico apunta directamente al Estado: «Un gran porcentaje lo mueve Fonasa y Fonasa no paga, paga atrasado... y deja la crisis con las clínicas, y las clínicas se atrasan con sus proveedores», señaló el especialista. La cadena de morosidad pública explica la presencia de Núcleo Salud y de Helico Limitada en los tribunales concursales.
Fogape: el salvavidas que hundió
A las fallas del pagador estatal se suman las herencias de la pandemia. Los créditos Fogape, diseñados por Corfo como alivio de emergencia, hoy operan como lastre. «Fue un salvavidas de plomo. Sí, prestaron plata barata... pero las condiciones de reestructuración que quedaron en las reglas que hizo Corfo son súper malas», advirtió Solís. La banca, ante esas condiciones, prefiere cobrar la garantía estatal antes que renegociar plazos.
A ello se agrega la rigidez de la ley chilena frente a contratos de leasing y arriendos —no reestructurables de forma unilateral, a diferencia del Chapter 11 estadounidense— y el alto costo laboral de los despidos. «Muchas empresas liquidan porque no tienen plata para pagar los finiquitos y cierran», reveló Solís.
El experto también cuestionó la acefalía del regulador sectorial: «No hay superintendente titular... no entiendo cómo no apura tener un superintendente para ayudar a las empresas».
El ciclo aún no toca fondo
Solís proyecta más ARJ en el segundo semestre y en el primer semestre de 2026, a medida que reestructuraciones privadas —hoy mayoritarias— agoten la caja y deriven a la vía judicial. Su horizonte de recuperación económica apunta a «fines del 2027, 2028 tal vez».
El cuadro que emerge es elocuente para quienes creen en la libre empresa: cuando el Estado es mal pagador, diseña mal los instrumentos de rescate y deja vacante la superintendencia que arbitra los procesos, el costo lo absorbe el sector privado en forma de quiebras, empleos perdidos y capital destruido. La burocracia no quiebra; las empresas, sí.
