El Ministerio de Minas y Energía de Colombia encendió una nueva alarma sobre el suministro eléctrico en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar. En un oficio radicado el 11 de julio, el ministro Edwin Palma Egea pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que priorice el pago de las obligaciones de Air-e a las plantas térmicas Termocandelaria, Enfragen Termoflores y Termobarranquilla, generadoras que, según el documento, cubren cerca del 75% de la demanda eléctrica del área Caribe 2.
El saldo acumulado de deuda de Air-e con esas plantas «supera los $1,7 billones de pesos y se incrementa cada mes en más de $100.000 millones», según el propio oficio ministerial. La distribuidora se encuentra bajo un proceso de intervención y liquidación por parte del Gobierno Nacional debido a graves problemas financieros y de insolvencia.
El nudo financiero bloquea la compra de combustible. Las tres generadoras dependen del gas natural importado que entrega la terminal de regasificación SPEC, ubicada en Cartagena. Esa infraestructura aporta cerca del 40% del gas importado del país. El Ministerio explicó que, mientras no exista certeza sobre el pago de la energía generada, las plantas no están en condiciones de asumir el compromiso financiero que implica adquirir el combustible necesario.
El momento es crítico: SPEC tiene programado su mantenimiento preventivo anual entre el 30 de julio y el 3 de agosto, período que coincide con el fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre. El propio Gobierno había expedido la Resolución 40267 de 2026 para proteger el sistema durante esa parada técnica, pero el Ministerio reconoció que persisten vacíos financieros por resolver antes de esa fecha.
El oficio fue enviado con copia al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que convocó una reunión el 9 de julio en la Presidencia para evaluar acciones frente a El Niño. El Ministerio advirtió que, si no se atiende el lineamiento de priorización de pagos, podría derivarse en limitaciones concretas en el suministro eléctrico para los cinco departamentos.
La lectura de Ágora Capital. Lo que el oficio del 11 de julio deja en evidencia no es solo una emergencia climática: es el colapso en cadena de una distribuidora estatal intervenida que arrastra consigo a operadores privados que sí produjeron la energía y simplemente no cobran. Capital busca reglas claras; lo que encuentra aquí es una deuda que crece $100.000 millones por mes sin fecha de cierre, una terminal de gas parada en el peor momento del año y cinco departamentos expuestos a cortes. El costo de la mala gestión del aparato estatal no lo paga la burocracia: lo paga el usuario del Caribe colombiano con apagones.
