Una mujer de 46 años identificada como Arillule Del Carmen Velásquez Ortega fue detenida en Caracas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), según informó el organismo.
De acuerdo con las investigaciones de la Delegación Municipal Simón Rodríguez, Velásquez Ortega habría aprovechado su posición como trabajadora en una oficina de registros para falsificar la firma y las huellas dactilares de la registradora titular. El objetivo, según las autoridades, era alterar un acta de nacimiento para modificar la filiación paterna de un menor de edad.
Por ese trámite irregular, la detenida habría recibido 250 dólares en efectivo, según la versión del CICPC. Las investigaciones permitieron determinar su presunta participación en los hechos, lo que derivó en su arresto. La mujer quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con las actuaciones correspondientes.
Lo que revela el caso
El precio de la identidad en Venezuela: 250 dólares. La cifra es pequeña; el daño institucional, mayor. Cuando un empleado público puede falsificar documentos de estado civil con relativa facilidad, el registro civil deja de ser un pilar del orden jurídico para convertirse en un mercado informal donde la filiación, la identidad y los derechos de un menor se negocian en efectivo.
Este tipo de corrupción de baja escala —invisible en los titulares grandes— es precisamente la que erosiona con más persistencia la confianza en las instituciones. No requiere de grandes redes ni de funcionarios de alto rango: basta con acceso a un sello y la certeza de que los controles internos no funcionan. En un Estado que ha concentrado poder durante décadas mientras descuidaba la integridad de sus propios registros, casos como este son síntoma, no excepción. La detención es un paso; la pregunta es cuántos trámites similares nunca llegaron a investigarse.
