El gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el retiro de todos los representantes del Estado en las juntas directivas de las cámaras de comercio que habían sido nombrados por la administración de Gustavo Petro. La decisión quedó contenida en el Decreto 1369 del 9 de septiembre de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La medida da por finalizado el encargo de los miembros principales y suplentes designados por el Gobierno Nacional en las cámaras de comercio del país. Según el documento, responde al inicio del período constitucional de la nueva administración y anticipa una nueva política pública en materia comercial, industrial, turística y de desarrollo empresarial regional.
El Gobierno Nacional aclaró que el retiro de estos miembros no impide que las juntas directivas sigan sesionando, porque se mantienen las mayorías absolutas en esos organismos. También precisó que la terminación de las designaciones no constituye sanción alguna ni representa un juicio sobre la idoneidad, conducta o gestión de las personas salientes.
Los delegados del Estado ante las cámaras de comercio funcionan como puente entre esas entidades y el Ejecutivo. Tienen voz y voto en las deliberaciones internas y pueden incidir en decisiones presupuestales, administrativas y de fomento en la creación de empresas. Además, deben transmitir al Gobierno Nacional las necesidades y problemáticas detectadas por estos organismos.
De acuerdo con la información oficial, los delegados para las 58 cámaras de comercio con presencia en los 1.103 municipios de Colombia se nombran mediante libre remoción, por lo que pueden ser removidos en cualquier momento. La novedad fue notificada a la Superintendencia de Sociedades y ahora el gobierno de De la Espriella iniciará el trámite para nombrar a los nuevos delegados.
La decisión pone en primer plano una discusión de fondo: cuánto espacio debe tener el aparato estatal dentro de organismos que afectan la creación de empresas, los registros públicos y la resolución de conflictos comerciales. Desde una óptica de libre empresa, el relevo puede leerse como una oportunidad para ordenar el vínculo entre el Ejecutivo y sectores productivos locales, siempre que el nuevo esquema reduzca interferencias y fortalezca reglas claras.
Capital busca reglas claras. Si el cambio se traduce en menos discrecionalidad y más foco en productividad, el flujo empresarial puede ganar previsibilidad. Pero si el relevo termina siendo solo una rotación política dentro de las juntas, el costo recaerá otra vez sobre la institucionalidad y, en última instancia, sobre el clima de inversión.
