El presidente Abelardo De La Espriella firmó una de sus primeras decisiones de gobierno con un mensaje inequívoco al crimen organizado: los 117 internos de alto perfil recluidos en la cárcel de Itagüí, Antioquia, serán trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad.
El mandatario justificó la medida con evidencia concreta. Según sus declaraciones del 8 de agosto, existen «pruebas suficientes para inferir» que los jefes de estructuras armadas ilegales y narcotraficantes seguían delinquiendo desde el interior del penal. El episodio más visible fue una fiesta vallenata celebrada el 8 de abril con el cantante Nelson Velásquez, en la que se registró presencia de licor, droga y mujeres. «Era una discoteca, un centro de eventos. Eso en la era del Tigre se acabó», declaró De La Espriella.
Entre los trasladados figuran la influenciadora Daneidy Barrera Rojas —conocida como Epa Colombia, condenada por destrozos a una estación de TransMilenio durante el Paro Nacional— y alias Douglas, Carlos Pesebre y Fritanga.
El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín —quien fue jefe de debate de la campaña de De La Espriella—, respaldó públicamente la orden y apuntó directamente al gobierno anterior. Recordó que varios de estos internos habían sido designados como «gestores de paz» durante la administración Petro, en el marco del proyecto de «paz total», lo que les otorgó una posición de facto de impunidad dentro de los penales. «Los tiempos en los que el criminal era tratado como héroe y la víctima como culpable llegaron a su fin», afirmó el funcionario.
Gómez Amín sintetizó la nueva doctrina penitenciaria en una frase: «La Patria Milagro tendrá una regla clara: primero la gente honesta, primero las víctimas, primero el ciudadano».
Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia y al Inpec indicaron que el traslado de la totalidad de los internos se completará en el transcurso de esta semana. Funcionarios del Inpec fuertemente armados ya ejecutaron el movimiento de varios de los cabecillas.
De La Espriella fue categórico sobre el alcance de la medida: «Habrá mano de hierro para todos los bandidos. No permitiré que sigan delinquiendo, extorsionando, asesinando y traficando drogas».
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Lo que ocurrió en Itagüí no fue una anomalía: fue el resultado lógico de una política que confundió negociación con capitulación. Cuando el Estado convierte a los jefes criminales en interlocutores privilegiados y les cede el control informal de los penales, el mensaje al resto de la sociedad es devastador para el orden y la inversión. Capital y ciudadanos necesitan lo mismo: reglas que se cumplan y un Estado que las haga cumplir.
La decisión de De La Espriella, aplaudida transversalmente según la fuente, no es solo simbólica. Restaurar la autoridad dentro de las cárceles es el primer paso para restaurarla fuera. El mercado y la ciudadanía leen esas señales antes que cualquier dato macroeconómico.
