Abelardo de la Espriella arrancó su mandato con una hoja de ruta económica de señales claras al capital privado: reforma tributaria estructural, eliminación del impuesto al patrimonio, recorte del gasto público y autorización del fracking.
En su primer discurso como presidente, De la Espriella confirmó que su gobierno presentará una «reacomodación estructural del sistema tributario para simplificarlo». La reforma llegaría al Congreso en septiembre de 2026. Antes, expedirá un decreto para reducir el gasto del Estado en 1%.
El escenario fiscal que hereda es exigente. Según el nuevo gobierno, la jugada más probable es que el Congreso rechace el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027 y, a partir de ahí, se acuerde un recorte de entre $15 billones y $20 billones. El margen de maniobra, sin embargo, es estrecho: según cálculos del MinHacienda y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), entre 88% y 91,4% del gasto total de este año es inflexible por disposiciones legales, derechos adquiridos y mandatos constitucionales.
El impuesto al patrimonio, en la mira
«No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria», afirmó De la Espriella al confirmar la eliminación del tributo. El impuesto recae hoy sobre personas naturales con patrimonio líquido igual o superior a 72.000 UVT —umbral que en 2026 equivale a aproximadamente $3.771 millones—. En 2025 recaudó $1,2 billones frente a $294,1 billones de recaudo total administrado por la Dian, es decir, cerca de 0,4% del total.
Los expertos consultados por El Colombiano coinciden en que el impuesto genera distorsiones. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, señaló que una tarifa de 1,5% sobre un activo con rentabilidad real de 3% equivale, en términos efectivos, a gravar con 50% los rendimientos generados. Añadió que en Colombia se registró una caída de 24% en el número de declarantes y de 36% en el valor patrimonial reportado entre personas con patrimonios superiores a $12.000 millones. Según Mejía, quienes trasladaron su patrimonio y permanecen menos de 183 días al año en el país «no solo dejaron de tributar por su patrimonio: ahora tampoco pagan impuesto de renta».
William Reyes, experto en finanzas públicas, advirtió que el gravamen «introduce una distorsión sobre la decisión de mantener e invertir capital en Colombia». Por su parte, Henry Amorocho, consultor en Hacienda Pública, alertó que cerca de $1,5 billones dejarían de ingresar al Estado y que la reforma no debería limitarse a simplificar, sino también revisar exenciones y fortalecer la lucha contra la evasión.
Fracking y Ecopetrol como palancas de ingreso
La hoja de ruta también contempla acelerar el fracking y fortalecer a Ecopetrol, la compañía petrolera de mayoría estatal, como fuentes de ingresos fiscales y divisas en el mediano plazo.
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Los números hablan solos: un impuesto que aporta 0,4% del recaudo total pero expulsa capital y declarantes no es una herramienta fiscal eficiente; es una señal política. De la Espriella elige enviar la señal contraria —capital bienvenido, inversión premiada— y apuesta a que la base tributaria ampliada y la producción energética repongan lo que el patrimonio dejará de rendir. El mercado ya votó en campaña; ahora espera los decretos.
