El primer ministro cubano Manuel Marrero compareció este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para defender el paquete de 176 reformas económicas aprobado en junio, el más ambicioso en décadas según el propio gobierno. Su mensaje fue contradictorio en su esencia: «Ratificamos que no nos estamos desviando de nuestro modelo socialista. Por el contrario, lo defendemos», declaró ante el plenario.
Los números, sin embargo, cuentan otra historia. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, reveló que el déficit estatal de 2026 superará los 132.910 millones de pesos —aproximadamente 5.537 millones de dólares a la tasa oficial para personas jurídicas—, frente a los 67.642 millones de pesos registrados en 2025. El salto equivale a un incremento superior al 96 %. El déficit del año anterior ya representaba el 5,4 % del PIB, y el gobierno no ha publicado cifras consolidadas del PIB del último año ni previsiones para 2026.
El deterioro macroeconómico se acumula sobre seis años consecutivos de recesión, período en el que la economía cubana se ha contraído cerca de 15 %. La presión de Washington —sanciones sobre suministros petroleros y advertencias a firmas extranjeras— ha acelerado el colapso del turismo: siete cadenas hoteleras internacionales que administraban el 46 % de las más de 80.000 habitaciones operativas han abandonado la isla, derivando en la «paralización casi total» de la actividad, según Marrero. El 73 % de las instalaciones hoteleras permanece cerrado temporalmente, con cerca de 25.000 empleos directos en riesgo.
Como respuesta, el régimen autorizó la gestión privada de establecimientos hoteleros, la renta de vehículos y la operación de servicios de transporte de pasajeros. Marrero también anunció la supresión de 92.000 puestos de trabajo en sectores como Salud Pública, Educación, Cultura y Deporte, aclarando que «en su gran mayoría corresponden a plazas vacantes». La estructura ministerial se reducirá de 27 a 20 organismos: Economía se fusionará con Finanzas; Ciencia y Tecnología, con Educación Superior; y Agricultura, con Industrias Alimentarias. El propio primer ministro lo justificó con una frase que suena a autocrítica: «Un país con una situación tan compleja no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia».
De las 176 reformas previstas, 121 habrán entrado en vigor entre junio y julio; el bloque restante se graduará en los próximos meses.
Lectura editorial. Lo que La Habana llama «modernización del modelo» es, en rigor, la admisión de que seis décadas de planificación centralizada han dejado las arcas vacías y la planta hotelera paralizada. El régimen abre espacios al capital privado no por convicción, sino porque el aparato estatal ya no puede financiar su propio peso. Capital busca reglas claras, y ninguna de las 176 medidas ofrece garantías jurídicas vinculantes ni protección real a la propiedad. Mientras el partido mantenga el veto ideológico sobre cualquier reforma, los inversores extranjeros seguirán calculando el riesgo país como lo que es: extremo. El déficit del 96 % no es una anomalía coyuntural; es la factura acumulada de un sistema que se niega a reformarse de verdad.
