Unos 4,5 millones de cubanos, cerca de la mitad de la isla, quedaron sin energía eléctrica este sábado tras una «desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)», según reportó la estatal Unión Eléctrica (UNE). La avería abarcó desde Pinar del Río, en el occidente, hasta Cienfuegos-Matanzas, en el centro del país.
La UNE había proyectado para la tarde-noche de esta jornada una capacidad de generación de 1.080 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.200 MW. El déficit resultante alcanza los 2.120 MW, y la afectación estimada —lo que se desconectará para evitar apagones desordenados— llega a 2.150 MW.
Diez de las 16 unidades de generación no estaban operativas este sábado. Las centrales termoeléctricas, responsables del 40 % del mix energético y dependientes del crudo nacional, permanecen en su mayoría paralizadas por averías y mantenimientos acumulados tras años de infrafinanciación. Otro 40 % del mix, compuesto por generadores que operan con diésel y fueloil importado, también está detenido. El 20 % restante proviene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, con apoyo chino.
La crisis no es nueva: la isla arrastra un colapso energético desde mediados de 2024. Lo habitual en La Habana es que los apagones superen las 20 horas diarias; en el interior del país pueden extenderse hasta 40 horas continuas. En julio, Cuba registró tres apagones nacionales en una semana y cortes que desconectaron al 74 % de la isla en una sola jornada.
El Gobierno cubano ha calificado la situación del SEN de «crítica» y «extremadamente tensa», atribuyendo el deterioro tanto al «bloqueo petrolero» impuesto por Washington desde enero como a un sistema energético «profundamente obsoleto». La UNE indicó que «se investigan causas de falla e implementan protocolos para enfrentar este tipo de eventos».
Lectura de Ágora Capital. Lo que los datos revelan es la anatomía del fracaso de un modelo donde el Estado monopoliza la energía, suprime la inversión privada y administra la escasez como política. Décadas sin capitalización real del aparato productivo no se corrigen con protocolos de emergencia ni con paneles solares financiados desde Beijing. Cuando el 80 % de la generación depende de combustibles que el propio Estado no puede pagar ni importar, el colapso no es un accidente: es el resultado previsible de sustituir el mercado por la planificación central.
Cuba ilustra, con una precisión dolorosa, el costo que paga la población cuando la libre empresa queda prohibida y el capital extranjero no encuentra reglas claras ni propiedad privada que respetar. El déficit de 2.120 MW no es solo un número técnico; es la medida exacta de lo que el aparato estatal no pudo construir en sesenta años.
