La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió varias alertas esta semana. El motivo: un aumento «significativo» de enfermedades diarreicas y de la delincuencia en la isla.
La sede diplomática detectó infecciones por Escherichia coli y Shigella. Vinculó los casos al deterioro de la infraestructura de agua y energía. También reportó fallas en el almacenamiento y control de temperatura de alimentos.
Hace una semana, la Embajada ya había advertido sobre «importantes desafíos para la salud y la seguridad». La causa, según Washington: la escasez de agua y los cortes eléctricos. La representación estadounidense responsabilizó directamente a «la mala gestión de la infraestructura pública por parte del régimen» de La Habana.
Las autoridades cubanas ofrecen otra lectura. Atribuyen la crisis al bloqueo petrolero y a las sanciones que Washington mantiene desde enero. Los números primero: los apagones llegan a 60 horas en algunas zonas. La inflación y la escasez de alimentos y medicamentos completan el cuadro.
Otra alerta, difundida hace tres días, sumó un frente distinto. La Embajada avisó sobre «un aumento notable de hurtos o robos al descuido» en vehículos de La Habana. «El deterioro de las condiciones económicas ha provocado un aumento generalizado de la delincuencia en Cuba», sostuvo.
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel visitó la fuente de Paso Seco hace una semana. Es una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua de la capital. Allí reconoció la crisis humanitaria. Pidió resolver «en el menor tiempo posible» los problemas que afectan a una ciudad de casi dos millones de personas, según la Presidencia.
La visita priorizó los motores de bombeo, mientras se espera que funcionen con paneles solares. La empresa estatal Aguas de La Habana reportó una «compleja avería en la infraestructura hidráulica». La falla obligó a suspender de emergencia la conductora que alimenta al Sistema Central. Seis municipios, casi la mitad de la capital, quedaron afectados.
En mayo, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, dio una cifra concreta. Unos 2,7 millones de cubanos enfrentan dificultades para acceder al agua. El funcionario citó la falta de financiamiento y el retiro de proveedores como factores del colapso. El régimen apunta a que el 52% de las 3.300 estaciones de bombeo del país use energía renovable.
Washington mantiene la presión sobre La Habana. Aun así, envió varios cargamentos de ayuda humanitaria, distribuidos por la Iglesia Católica.
El patrón es reconocible. Una economía centralizada, sin propiedad privada real ni incentivos de mercado, no logra mantener ni el agua ni la luz. El régimen culpa al embargo; los datos apuntan también a décadas de inversión estatal fallida y falta de capital privado. Cuando el Estado monopoliza la infraestructura y espanta al inversor extranjero, el resultado no es abstracto: es diarrea, apagones y robo al descuido. El mercado, aquí, ni siquiera tuvo oportunidad de votar.
