Cuba empieza a plasmar en normativa oficial 176 reformas económicas y sociales. El paquete permite empresas privadas de más de 100 trabajadores. También habilita la contratación directa por parte de compañías extranjeras, sin pasar por agencias estatales.
Los cubanos en el exterior y los residentes permanentes extranjeros ya pueden ser socios de empresas privadas en la isla. El objetivo declarado es atraer capital de la diáspora. El economista Omar Everleny confirma, en entrevista con EFE, que constató en un viaje reciente a Miami «el interés de muchos capitales por entrar de nuevo en el mercado cubano».
Las tierras podrán otorgarse en usufructo por 99 años, renovables por igual plazo. A las personas jurídicas el Estado podrá entregárselas por tiempo indeterminado. Everleny lo resume sin rodeos: quien firme el acuerdo «no va a ver» lo que pase al final del plazo.
El viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva reconoce que las normas «podrían tener un impacto en la economía a corto plazo». Pero advierte que no es posible calcular su alcance real. La razón, dice, es «el componente de presión externa que no podemos desconocer». El viceministro Carlos Luis Jorge Méndez insiste en que el proceso «va en serio».
Everleny coincide en el diagnóstico de fondo. Califica el andamiaje legal de «excelente», porque confirma que «Cuba va hacia el mercado». Pero pone la advertencia central: «si no se eliminan o disminuyen las sanciones costará trabajo implementarlas».
El problema práctico ya está identificado. Los barcos evitan las rutas hacia la isla por temor a sanciones. Bancos y empresas, según Everleny, no darán un paso al frente si arriesgan represalias. «Si Estados Unidos tiene sanciones a Cuba por ser un país que respalda el terrorismo, nadie se va a jugar su fortuna», afirma el economista.
Queda además una deuda histórica sin resolver: las nacionalizaciones de los años 60. Muchas empresas interesadas en volver tienen reclamaciones pendientes sobre la mesa. Y falta lo que Everleny considera decisivo: la reforma bancaria y las casas de cambio, todavía sin aparecer en la Gaceta.
El mercado ya votó, y lo hizo con cautela. Setenta años de control estatal no se desmontan con un decreto, y ningún capital serio compromete su balance en un país donde la propiedad puede ser confiscada de nuevo. La reforma reconoce, en los hechos, que el modelo centralizado fracasó. Pero el propio régimen que la redacta es también el que sostiene el riesgo país que la neutraliza.
Cuba mira a Vietnam y China como espejo, según explica Everleny. Ambos países atrajeron capital de sus diásporas para salir del colapso. La diferencia, en este caso, no está solo en la voluntad de abrir mercado. Está en si La Habana está dispuesta a garantizar reglas claras y propiedad segura, algo que ninguna gaceta oficial puede decretar por sí sola.
