El Consejo de Estado de Cuba aprobó en sesión extraordinaria dos decretos leyes vinculados al paquete de 176 reformas económicas anunciadas este junio: el «Del Sistema Empresarial Estatal Cubano» y el «Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias», según informó el diario oficial Granma.
El primero crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE), organismo «subordinado al Consejo de Ministros» con facultades para «asesorar, proponer, implementar y controlar» las políticas del sistema empresarial estatal, de acuerdo con la Gaceta Oficial de la isla. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, declaró que la norma «ratifica a la empresa estatal socialista como el sujeto principal» de la economía cubana.
El segundo decreto reglamenta la «constitución, organización, integración y funcionamiento» de las cooperativas agropecuarias. Entre las medidas asociadas, el Ministerio de Agricultura informó que las cooperativas podrán importar y comercializar combustibles, realizar comercio exterior y gestionar financiamientos externos, además de abrir cuentas bancarias en el exterior.
El paquete también elimina los límites de hectáreas en la entrega de tierras y amplía el acceso al usufructo a cuentapropistas, mipymes, empresas mixtas e inversión extranjera. Incluso personas que emigraron pero conservan la ciudadanía efectiva podrán solicitar tierras en usufructo.
El contexto es de emergencia: Cuba acumula una contracción de más del 15% entre 2020 y 2025, según los datos de la propia fuente. La presión exterior se ha intensificado con el bloqueo petrolero iniciado en enero pasado y una nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo sobre sectores clave de la economía.
Fue en ese marco de urgencia donde el Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros aprobaron en sesiones extraordinarias reformas que van desde dinamizar el comercio exterior hasta otorgar derechos reales de usufructo sobre la tierra a actores privados, mixtos y extranjeros.
La lectura de Ágora Capital es directa: lo que La Habana llama «descentralización» es, en rigor, una apertura de mínimos diseñada para preservar el control del aparato estatal. El INAEE no desregula; reordena la cadena de mando sobre las empresas públicas. El capital privado y la inversión extranjera reciben concesiones tácticas —usufructo, no propiedad; acceso, no seguridad jurídica plena— mientras el Estado sigue siendo, por decreto, el «sujeto principal». La historia económica muestra que el capital busca reglas claras y derechos de propiedad exigibles, no permisos revocables por el mismo organismo que los otorga. Sin esas garantías, las 176 reformas corren el riesgo de convertirse en otro ciclo de anuncios sin flujo de inversión real.
