Los números no dejan margen para el eufemismo. Más de 1,7 millones de jubilados cubanos perciben pensiones de menos de 10 dólares mensuales. Para cobrarlas, deben formarse frente a los bancos desde las cinco de la mañana. Con frecuencia, el efectivo simplemente no está.
Ese es el resultado visible de tres años del programa de bancarización impulsado por el régimen. Un proceso que prometía modernizar la economía. Hoy, incluso la prensa oficialista lo reconoce como «un problema social».
El caso del periodista jubilado Arturo Chang, de 74 años, ilustra la arbitrariedad del sistema. Chang intentó pagar 10 panes en un negocio privado de Santa Clara con 100 billetes de cinco pesos. El propio banco estatal le había entregado ese dinero como pensión. La empleada se negó a aceptarlos. Su pensión máxima es de 3.653 pesos cubanos mensuales, equivalente a menos de 10 dólares. «Sin dudas, es una cadena en la cual el eslabón que siempre se rompe es el de los clientes», escribió Chang en el periódico Trabajadores, recogido por CiberCuba.
La infraestructura bancaria acompaña el colapso. En La Habana, más del 50% de los cajeros automáticos ya no funcionaban en mayo, según datos de CiberCuba. El Banco Metropolitano habría reducido además el límite de retiro a 3.000 pesos por operación, por debajo del propio tope legal de 5.000 pesos fijado en 2023.
A escala nacional, apenas el 3,77% de las transacciones son digitales. Las autoridades detectaron más de 26.500 deficiencias, aplicaron 15.240 multas y ordenaron el cierre de 269 establecimientos. En Pinar del Río, solo entre el 10% y el 12% de unas 700.000 operaciones mensuales se realizan por vías digitales. En Sancti Spíritus, menos del 10% de las mipymes y trabajadores privados acepta transferencias como método de pago habitual.
Ante ese cuadro, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) lanzó una campaña en redes para defender la bancarización. Su diagnóstico: los negocios que cobran en efectivo no depositan sus ingresos, lo que deja el dinero «retenido fuera del sistema financiero». La respuesta ciudadana fue contundente. Uno de los comentarios más respaldados señaló que «el dinero de los jubilados tiene que estar ahí; el banco solo es el custodio».
El propio director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba lo admitió en mayo: «Si el pago electrónico no es más fácil de hacer o más rápido que pagar en efectivo, por supuesto que no va a calar», según recogió CiberCuba. Mientras tanto, un mercado paralelo de extracción de efectivo «al por ciento» cobra comisiones de entre el 35% y el 50%. En Santiago de Cuba, la policía detuvo en mayo a quienes operaban ese servicio.
El 19 de junio, el régimen aprobó un paquete de 176 medidas que incluye, por primera vez desde 1959, la autorización de banca privada y la eliminación de límites en las extracciones de efectivo. Las reformas llegan cuando el sistema ya opera en condiciones de colapso.
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es más antiguo que la crisis misma. Un Estado que monopoliza la banca, fija precios, suprime la competencia y controla la emisión monetaria no fracasa por falta de campañas en redes sociales. Fracasa porque destruye los incentivos que hacen funcionar cualquier sistema financiero. La autorización tardía de banca privada confirma la regla: el capital busca reglas claras, y cuando no las encuentra, desaparece del sistema formal. Los jubilados cubanos pagan esa cuenta cada madrugada, formados frente a cajeros vacíos.
