La Habana cedió terreno al libre mercado. El Parlamento cubano aprobó el 18 de junio un paquete de 176 medidas que abre al sector privado la distribución de gasolina, servicios farmacéuticos y ópticos, residencias de ancianos, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables y operaciones petroleras y mineras bajo ciertas condiciones.
Las nuevas regulaciones amplían, según los propios medios estatales, «de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados en la isla». El gobierno comunista redujo drásticamente el número de actividades prohibidas a las empresas privadas. Las medidas abarcan también la organización de empresas privadas, el sistema bancario, la agricultura, la inversión extranjera, los salarios y el mercado cambiario.
Según las autoridades, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas están autorizadas en el país, cifra que refleja la aceleración en la aprobación de estos negocios desde que fueron habilitados en 2021.
No todo se liberaliza. La atención sanitaria sigue siendo, en palabras de los medios estatales, «responsabilidad del Estado», con servicios hospitalarios gratuitos. La educación permanece en manos públicas, con una apertura tentativa para guarderías, clases de idiomas y tutorías. Los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad y los sectores estratégicos continúan bajo control estatal.
El contexto es brutal. Al embargo económico vigente desde 1962, el presidente Donald Trump sumó en enero un bloqueo petrolero de facto y una batería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos. El resultado, según las fuentes, es una economía al borde del colapso: apagones generalizados, escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas. Trump sostiene que Cuba representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó, según las fuentes, a Washington de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó de «política genocida».
Estados Unidos calificó las reformas de «señales de humo», tardías y limitadas.
Lectura de Ágora Capital. Sesenta años de planificación centralizada han producido exactamente esto: una isla sin combustible, sin medicinas y sin inversión. Que La Habana deba abrir farmacias y gasolineras al capital privado para evitar el colapso total no es una victoria ideológica del régimen; es la derrota empírica del modelo. El mercado no esperó permiso para demostrar su superioridad: simplemente dejó de funcionar cuando se lo prohibieron.
La pregunta que los inversores deben hacerse no es si Cuba abre, sino si las reglas del juego son creíbles. Cuando el Estado conserva el monopolio de los medios, las telecomunicaciones y los sectores «estratégicos», el riesgo regulatorio sigue siendo máximo. Capital busca reglas claras, no concesiones revocables por decreto. Hasta que La Habana no garantice propiedad privada real y estado de derecho, el flujo de inversión productiva seguirá siendo marginal.
