El gobierno cubano publicó este martes en la Gaceta Oficial un decreto del Consejo de Ministros que, a partir de agosto, autoriza a empresas privadas nacionales y extranjeras la extracción de petróleo y gas natural, aunque únicamente «mediante concesión administrativa para asociación económica y empresas mixtas nacionales y las modalidades de inversión extranjera».
El decreto forma parte de un paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio pasado. Hasta ahora, las actividades vedadas al sector privado sumaban 125. La nueva normativa elimina 46 de esas prohibiciones sin condiciones, y flexibiliza otras 35.
Entre los cambios más concretos: las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) —actualmente más de 15.600 aprobadas— podrán explotar gasolineras con autorización condicionada y socio estatal; operar en la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica previa autorización; fabricar y ensamblar ciclomotores, motocicletas y remolques tras certificación técnica; y gestionar servicios farmacéuticos cumpliendo requisitos del Ministerio de Salud Pública. La gran minería solo se abrirá «mediante asociación económica e inversión extranjera».
Sin embargo, los sectores de defensa, educación formal, telecomunicaciones, periodismo, publicación de prensa y libros, comercio mayorista, transporte marítimo internacional y atención médica directa permanecen cerrados al capital no estatal.
Lázara López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, fue explícita: las medidas «no están yendo a la privatización de la economía», porque la empresa estatal socialista mantiene su «papel fundamental». Lo que se ofrece, en sus palabras, es «más participación a los actores económicos no estatales».
El contexto es de urgencia: la economía cubana acumula una contracción del 15% entre 2020 y 2025, producto de la pandemia, el endurecimiento de sanciones estadounidenses y lo que el propio decreto reconoce como «fallidas políticas internas en materia monetaria y económica». Desde enero, Washington mantiene un cerco petrolero y sanciones adicionales que también alcanzan a entidades extranjeras que operen con La Habana.
La lectura de Ágora Capital. Lo que Cuba llama «apertura» es, en rigor, una concesión administrada por el Estado a actores que operan bajo su tutela, con socios estatales obligatorios y permisos discrecionales. El capital que ingrese no encontrará reglas claras ni propiedad garantizada: encontrará una burocracia que decide cuándo y cómo participa el sector privado. La historia latinoamericana enseña que las reformas a medias, diseñadas para aliviar una crisis sin ceder el control político, rara vez generan el flujo de inversión que prometen. El mercado ya votó sobre Cuba hace décadas; para que cambie de opinión necesita algo más que 46 prohibiciones menos en un decreto.
