La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró responsable al excongresista Germán Olano del delito de interés indebido en la celebración de contratos y le impuso una pena de 40 meses y 15 días de prisión. La decisión llega 19 años después de los hechos que dieron origen al llamado carrusel de la contratación, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Bogotá.
Según la sentencia, Olano intervino de manera ilegal en el proceso de adjudicación del contrato 137 de 2007, correspondiente a la Fase III de Transmilenio por la calle 26. El entonces congresista actuó como intermediario para favorecer al Grupo Nule, representado por la Unión Temporal Transvial, pese a que su propuesta no cumplía requisitos fundamentales, entre ellos el cupo de crédito exigido en la licitación.
La investigación determinó que Olano participó en reuniones donde se acordó el pago de un soborno de 1.750 millones de pesos para interferir en la adjudicación. Los pagos se canalizaron a través de contratos de obra simulados. La Corte negó tanto la suspensión condicional de la pena como la prisión domiciliaria.
Además de la cárcel, el condenado deberá pagar daños materiales por 3.436.759.367 pesos al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). La Procuraduría General ya lo había sancionado anteriormente con destitución e inhabilidad por 15 años.
Olano había aceptado previamente los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, pero se declaró inocente del cargo de interés indebido en la celebración de contratos. La Corte rechazó esa defensa. «Las conductas indudablemente exteriorizadas por el procesado derivaron en el detrimento de los principios de igualdad, moralidad, transparencia e imparcialidad que gobiernan la contratación estatal», señala el fallo. En la decisión también se compulsaron copias a la Fiscalía para investigar a Miguel Eduardo Nule Velilla por el presunto delito de falso testimonio.
El carrusel de la contratación estalló durante la administración del fallecido alcalde Samuel Moreno y terminó salpicando a decenas de funcionarios, contratistas, congresistas y empresarios, muchos de los cuales ya fueron condenados.
El caso Olano ilustra con precisión el costo real de la corrupción sobre el erario: recursos del contribuyente desviados mediante contratos simulados, obras adjudicadas a proponentes que no cumplían requisitos y una cadena de intermediación política que convirtió la contratación pública en un mercado privado de favores. Que la justicia tarde casi dos décadas en cerrar un expediente de esta magnitud no es un dato menor: mientras el proceso avanza, los incentivos para delinquir permanecen intactos. Capital busca reglas claras, y Colombia seguirá pagando prima de riesgo mientras la impunidad tenga fecha de vencimiento tan lejana.
