Hasta hace unos meses, Ángel Caro pasaba sus días en la esquina de Sarmiento y Guzmán, en el centro de Córdoba, limpiando parabrisas a cambio de monedas. Hoy, a los 26 años, cumple una jornada de ocho horas como empleado de la empresa Kazaró, cobra un sueldo fijo, tiene obra social y, por primera vez en su vida, sabe que tendrá vacaciones pagas y aguinaldo.
El punto de partida fue una decisión del Estado provincial: endurecer las sanciones contra la actividad de los limpiavidrios y prohibirla directamente. La medida dejó a decenas de personas sin su única fuente de ingresos. Frente a ese vacío, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Córdoba impulsó una alianza con la Municipalidad de Córdoba, la Fundación Universitaria de Oficios (FUO) y Kazaró, empresa dedicada a limpieza institucional, mantenimiento de espacios verdes y control de plagas.
El diseño del programa apuntó a resolver lo que Natalia Nachef, secretaria de Extensión Universitaria de la UTN, llama la «última milla»: el trecho entre terminar un curso y conseguir un trabajo. «En la Argentina hay muchísimos cursos gratuitos de formación que terminan cuando se entrega un certificado. Si eso no ocurría, la capacitación perdía sentido», explicó Nachef.
La convocatoria fue deliberadamente discreta: solo se anunció un curso gratuito de jardinería y mantenimiento de espacios verdes. La posibilidad de empleo no se reveló hasta bien avanzada la formación. «Queríamos que el interés fuera genuino», señaló Nachef. El resultado habla por sí solo: 12 de las 14 personas que iniciaron la capacitación la completaron y hoy tienen un empleo formal.
Cada actor cumplió un rol preciso. La UTN coordinó y consiguió financiamiento. La FUO aportó docentes, espacio físico y contenidos técnicos. La Municipalidad identificó y convocó a los participantes a través de sus equipos sociales. Y Kazaró participó desde el diseño del programa, aportó maquinaria y abrió sus puertas. «Entendimos que no alcanzaba con hablar de inclusión; había que generar oportunidades concretas», afirmó María Emilia Sarquis, gerente de Recursos Humanos de la compañía.
Además de los contenidos técnicos, la capacitación trabajó hábitos laborales: puntualidad, trabajo en equipo y las habilidades necesarias para sostener un empleo formal. Fueron los propios participantes quienes pidieron sumar un segundo encuentro semanal al calendario original.
Para Ángel, el mayor desafío no fue aprender a cuidar espacios verdes. Fue creer que podía cambiar su realidad. Hoy habla de retomar la escuela: «Casi no sé leer ni escribir. Me cuesta mucho y me lleva mucho tiempo».
El caso cordobés ilustra un principio que el mercado conoce bien: la capacitación sin salida laboral es gasto; la capacitación con destino productivo es inversión. Lo notable aquí no es la intervención estatal en sí, sino que el Estado actuó como articulador y no como proveedor único. Fue la empresa privada —Kazaró— la que convirtió un certificado en un contrato. Cuando el sector privado tiene incentivos claros y un interlocutor confiable, genera empleo real donde la burocracia sola solo genera listas de espera. El modelo merece escala.
