La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile presentó el mes pasado al Ministerio de Economía una agenda de inversión y crecimiento 2026-2027 con una cartera proyectada cercana a $428 mil millones. El gremio, que agrupa a siete federaciones con presencia en las 16 regiones del país, representa a más de 120 cooperativas directas y una base superior a 1,6 millones de socios, equivalente al 76% del total de cooperados en Chile.
El documento identifica seis frentes de inversión: cooperativas eléctricas, servicios sanitarios rurales, agricultura familiar campesina, agroindustria, ahorro y crédito, y vivienda. En empleo, el sector declara poco más de 7.000 puestos directos activos y cerca de 3.400 indirectos, y proyecta crear 6.300 empleos nuevos en cuatro años. En inclusión financiera, la meta es incorporar a más de 110.000 personas adicionales al sistema de ahorro y crédito cooperativo.
El presidente del gremio, Mauricio Rojas Lagos, fue explícito sobre la naturaleza del pedido: «No estamos pidiendo más plata», sino encauzar recursos que el Estado ya posee hacia tecnología e innovación cooperativa. El diagnóstico que acompaña esa postura es revelador: las cooperativas enfrentan «muchas ventanillas, muchas puertas donde tocar» porque no existe integración institucional para abordar sus trámites. La queja replica, punto por punto, la que elevan las pymes ante la permisología.
Entre las medidas concretas, el gremio propone simplificación y coordinación del sistema de permisos para proyectos productivos, de infraestructura y de vivienda; coordinación intersectorial; mejoramiento de sistemas de datos; integración de instrumentos Corfo; y modernización de la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES). También plantean establecer el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC) como marco institucional público-privado permanente.
Rojas Lagos reconoce que el modelo cooperativo comparte los lineamientos de crecimiento que el gobierno se ha trazado, pero advierte que «con mayor apoyo, con mayor resolución de temas, puede tener mayor potencial».
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La lectura de Ágora Capital es directa: una cartera de casi $428 mil millones no espera más subsidios; espera reglas claras y ventanillas únicas. Que el principal obstáculo identificado por el propio sector sea el laberinto burocrático —y no la falta de financiamiento público— confirma una verdad que los mercados conocen bien: el Estado no crea inversión bloqueando permisos, la destruye. Cuando el aparato estatal simplifica en lugar de multiplicar trámites, el capital privado y asociativo encuentra el camino solo. La pregunta para el Ministerio de Economía es si está dispuesto a escuchar esa señal o si responderá con más institucionalidad, más siglas y más puertas.
