La Contraloría General de la República investiga un canje de títulos de tesorería (TES) realizado el 8 de octubre de 2025 por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según documentos conocidos por Bloomberg, la operación intercambió $43,4 billones en títulos antiguos por nuevas emisiones por $35,4 billones, lo que redujo el saldo nominal de la deuda interna en cerca de $8 billones.
El alivio fue cosmético. Los bonos entregados pagaban cupones de 7,25%; los nuevos TES fueron emitidos con tasas de entre 11,75% y 12%. El resultado: el pago anual de intereses aumentó en aproximadamente $316.500 millones, un costo que recaerá sobre las finanzas públicas de las próximas administraciones.
La auditoría concluyó que estas operaciones «pueden afectar la dimensión intertemporal de la sostenibilidad fiscal», al incrementar de forma significativa el servicio de la deuda durante los próximos gobiernos. El organismo también cuestionó el uso reiterado de títulos con vencimientos inferiores a un año para convertirlos en deuda de largo plazo, una práctica que, según la Contraloría, «transforma instrumentos diseñados para resolver necesidades temporales de liquidez en mecanismos permanentes de financiación».
El efecto más concreto es la reducción del espacio fiscal: una mayor proporción del presupuesto nacional deberá destinarse al pago de intereses, limitando los recursos disponibles para inversión, infraestructura y programas sociales. La Contraloría advierte que la estrategia incluso plantea «cuestiones constitucionales sustanciales» al comprometer recursos de futuras administraciones.
El Ministerio de Hacienda defendió la operación. Argumentó que el objetivo era disminuir el riesgo de refinanciación y extender los plazos de vencimiento, y que las tasas respondían a condiciones de mercado: emitir con cupones más bajos habría obligado al Estado a vender con mayores descuentos, elevando el volumen total de deuda. La Contraloría rechazó ese argumento al considerar que las decisiones de endeudamiento deben evaluarse por sus efectos de largo plazo, no por los beneficios inmediatos sobre la liquidez.
Como parte de la investigación, el organismo realizó una diligencia de inspección en el Ministerio de Hacienda con apoyo de la Policía Judicial. Además, remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Inspección General para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias. Entre los funcionarios señalados figura Javier Cuéllar, director de Crédito Público, quien lideró las operaciones durante ese periodo, según la fuente.
Los números hablan solos: el mercado ya cotizó el riesgo que el gobierno prefirió ignorar. Intercambiar deuda barata por deuda cara para maquillar el saldo nominal no es gestión financiera; es trasladar el costo al contribuyente del mañana. Cuando el aparato estatal opera con ese horizonte de corto plazo, el espacio fiscal se estrecha y la inversión privada enfrenta un Estado que compite por el ahorro con tasas cada vez más altas. Capital busca reglas claras, no canjes que oscurecen el verdadero costo de la deuda.
