Luis Pino-Copete y Jael Watts fueron declarados culpables el 2 de octubre de 2026 por un jurado federal en Utica, Nueva York, por participar en un esquema para obtener más de US$13 millones de programas federales destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar.
El caso fue informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sostuvo que la pareja operaba Pearl Transit Corporation, una empresa con sede en Nueva Jersey que afirmaba contar con conductores en distintos estados para transportar a personas mayores y con discapacidad, además de realizar labores de asistencia para personas sin hogar.
Según las pruebas presentadas en el juicio, la compañía no empleaba a esos conductores ni había realizado los servicios incluidos en las solicitudes de reembolso. Para respaldarlas, Pino-Copete y Watts habrían usado identidades de personas reales y creado registros falsos de empleados y clientes. Entre los nombres incluidos había personas que ya habían muerto cuando supuestamente recibieron servicios de Pearl Transit.
La investigación comenzó a finales de 2024, cuando Watts solicitó al Departamento de Transporte de Nueva York cerca de US$750.000 mediante el programa Sección 5310. La Contraloría estatal detectó facturas sospechosas y abrió una auditoría.
El Departamento de Justicia indicó que la pareja respondió con documentos falsos e identidades robadas para demostrar que Pearl Transit había prestado los servicios cobrados. En febrero de 2026, el Inspector General del Departamento de Transporte de EE. UU. informó que la Administración Federal de Tránsito había suspendido a Pino-Copete de transacciones federales. Watts y Pearl Transit habían sido suspendidos en diciembre de 2025.
Aunque las solicitudes fraudulentas superaron los US$13 millones, las autoridades establecieron que obtuvieron más de US$1,6 millones. De ese total, US$529.500 provinieron de fondos CDBG del condado de Gwinnett, Georgia, y US$379.149 de fondos de la Sección 5310 de Raleigh, Carolina del Norte.
El análisis bancario determinó que más de US$1,5 millones obtenidos fraudulentamente de Georgia, Carolina del Norte y California fueron usados en gastos personales, incluidos más de US$100.000 en alquileres de Porsche y otros US$100.000 en compras en Loro Piana, en Manhattan.
Las autoridades señalaron además que en 2024 la pareja realizó un viaje de casi un año por Colombia, Aruba y varios países de Europa. El Departamento de Justicia indicó que Watts contrajo matrimonio con Pino-Copete en Colombia en 2023 y que él se incorporó al esquema en enero de 2024. En enero de 2025 ingresó a Estados Unidos con una visa expedida en diciembre de 2024.
Después de la detención de Watts y del registro de sus dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron comunicaciones entre ambos relacionadas con la elaboración de documentos falsos para responder a la auditoría. En uno de los chats, Watts dijo: «Hay que estar comprometido con este tipo de trabajo... y yo lo estoy», y agregó: «No son listos... nosotros somos mucho más listos».
El caso también incluyó solicitudes de recursos para supuestas prótesis dentales destinadas a personas sin hogar. Según las pruebas presentadas en el juicio, los acusados afirmaban que entregaban esos tratamientos de manera gratuita. Sin embargo, las autoridades sostuvieron que las prótesis eran elaboradas en una vivienda mediante una impresora 3D y que se cobraba a las personas por el escaneo de la boca y la instalación de las prótesis.
El patrón que deja este expediente es el de una captura del dinero público con fachada empresarial. Cuando el aparato estatal reparte subsidios sin control suficiente, el costo lo absorben los contribuyentes y los verdaderos beneficiarios de esos programas quedan al margen.
Capital busca reglas claras. Casos como este recuerdan que la supervisión no es un detalle burocrático: es la condición mínima para proteger el dinero público, la credibilidad de los programas sociales y la libre empresa de quienes sí operan con servicios reales.
