La directiva que el exministro de Defensa Pedro Sánchez impuso durante el gobierno de Gustavo Petro para centralizar la adquisición de sistemas antidrones en Codaltec fue suspendida. La información fue divulgada por la Revista Semana y confirmada por fuentes del sector.
La instrucción obligaba a las Fuerzas Militares a acudir a Codaltec —empresa del sector defensa— como canal único para adquirir esta tecnología. Según fuentes del Ministerio de Defensa citadas por El Colombiano, Codaltec, bajo la dirección de la coronel Nilssen Gutiérrez, se quedaría con un 14% del contrato «por concepto de administración, además de un incremento en el precio del producto», actuando como intermediario entre el Estado y proveedores extranjeros.
El caso más crítico involucra el Catatumbo, región de Norte de Santander donde grupos armados ilegales utilizan drones adaptados con explosivos contra la Fuerza Pública. El contrato contemplaba la adquisición de tres sistemas fijos y 16 semifijos para esa zona. Los equipos debían estar operativos desde 2025; sin embargo, fuentes del Ejército confirmaron que todavía no están activos porque no cumplen con los requisitos técnicos establecidos. El contrato permanece en las instancias competentes, que deberán definir su suerte.
La Contraloría General de la República ya había señalado que Codaltec terminó actuando como intermediaria en la adquisición de dispositivos electrónicos, pese a que esa no era su función. El organismo de control fue uno de los primeros en advertir la irregularidad del esquema.
El asunto se suma a otro escándalo documentado por El Colombiano: el denominado «Escudo Antidrones» del gobierno Petro, que habría implicado 12 viajes y millones de pesos sin resultados concretos.
Lo que revelan los números y los hechos
Un 14% de margen de intermediación para una empresa estatal que, según la Contraloría, no tenía esa función asignada, es una señal inequívoca de cómo el aparato burocrático puede encarecer y distorsionar una compra pública urgente. El Catatumbo no puede esperar: la amenaza de drones con explosivos es real y creciente, y los equipos contratados siguen sin operar.
Desde la línea editorial de Ágora Capital, el caso ilustra un patrón conocido: cuando el Estado monopoliza la intermediación comercial, el costo lo paga el contribuyente —y en este caso, también los soldados desplegados en una de las zonas más peligrosas del país. Capital busca reglas claras; lo que encontró el Catatumbo fue una cadena de intermediación estatal que entregó equipos inoperantes. La suspensión de la directiva es un paso necesario, pero el contrato sigue sin resolverse y la rendición de cuentas, pendiente.
