A partir del 15 de julio de 2026, Colombia reduce su jornada laboral máxima de 44 a 42 horas semanales. La ley mantiene intactos salarios y prestaciones sociales, de modo que el empleador paga lo mismo por dos horas menos de trabajo efectivo.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) cuantificó el efecto directo: un incremento aproximado de 4,76% en el costo de la hora ordinaria de trabajo. El cálculo es aritmético —mismo salario mensual, menor denominador de horas— y no implica que toda la nómina suba en esa proporción.
El riesgo mayor está en las empresas que no pueden recortar su horario de operación. Según Acopi, si esas horas faltantes se cubren con trabajo extra diurno, el impacto sobre el componente laboral afectado «puede acercarse al 6%», y será aún mayor en jornadas nocturnas, dominicales o festivas.
Los sectores más expuestos son aquellos intensivos en mano de obra con presencia permanente: comercio, manufactura, hoteles, restaurantes, turismo, vigilancia, transporte, logística, salud, aseo, call centers, construcción y actividades agropecuarias.
María Elena Ospina, presidenta nacional de Acopi, subrayó que «el problema no es una sola medida, sino la acumulación de mayores costos laborales en un mismo periodo, especialmente para empresas cuyos ingresos, ventas y productividad no están creciendo al mismo ritmo». La reducción de jornada coincide con el aumento del salario mínimo para 2026, la ampliación de la jornada nocturna desde las 7:00 p. m. y el incremento progresivo de recargos por trabajo en domingos y festivos.
El gremio advirtió que el escenario podría llevar a algunas empresas a reducir horarios de atención, aplazar contrataciones, subir precios, recortar inversiones o recurrir a esquemas de informalidad. Acopi reconoció que muchas mipymes carecen de capacidad financiera para invertir rápidamente en tecnología o contratar personal adicional, y solicitó al Gobierno programas de asistencia técnica, acceso a financiación y digitalización.
Ospina cerró con una advertencia que resume la tensión: «Compartimos el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero estas medidas deben implementarse garantizando también la sostenibilidad de las empresas. Proteger el empleo implica proteger a quienes lo generan».
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Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: cuando el aparato estatal acumula cargas laborales sin que la productividad las sostenga, quien paga la diferencia no es el Gobierno sino el empresario que arriesga capital propio. La jornada de 42 horas puede ser un objetivo legítimo a largo plazo; imponerla en medio de una cascada de costos regulatorios —salario mínimo, recargos nocturnos, festivos— es una apuesta que las mipymes colombianas tendrán que financiar con márgenes que ya no crecen. Capital busca reglas claras, no calendarios de encarecimiento progresivo.
