Los números mandan antes de que De la Espriella pise la Casa de Nariño. Colombia acumula un déficit del 6,5% del PIB que varios analistas ya califican de estructural, una deuda pública que creció $362 billones en los últimos cuatro años y una desfinanciación de $30,2 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, según advirtió la Contraloría General de la República.
Los expertos consultados por El Colombiano coinciden en que el ajuste necesario equivale a cuatro puntos del PIB, es decir, alrededor de $80 billones. La promesa de campaña del presidente electo fue ambiciosa: reducir un 40% del gasto mediante una reforma integral del Estado, eliminar ministerios, suprimir burocracia y clausurar entidades consideradas innecesarias, con ahorros cercanos a $30 billones anuales. Varios analistas, sin embargo, consideran que esas metas responden más a planteamientos electorales que a cifras ejecutables en el corto plazo.
Para Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, la pregunta no es si Colombia necesita ajuste fiscal, sino cómo lograrlo. Junto a José Ignacio López, presidente de Anif, Malagón revisó 61 procesos de consolidación fiscal en América Latina durante los últimos 35 años. La conclusión: los ajustes basados en recorte de gasto generan mejores resultados que los sustentados en aumentos tributarios. Según Malagón, elevar impuestos puede dañar la economía hasta cuatro veces más que una reducción equivalente del gasto. «Reducir el gasto es una medida que se vuelve sostenible en el tiempo», afirmó.
Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), propone cuatro frentes simultáneos: fortalecer ingresos vía reforma tributaria o mayor eficiencia de la Dian contra evasión y elusión; racionalizar el gasto; mejorar la planeación fiscal para hacerla más creíble; e impulsar crecimiento económico sostenido que amplíe la base de recaudo.
Las primeras señales del nuevo gobierno apuntan a privilegiar la reducción del aparato estatal. El 14 de julio, en una alocución digital, De la Espriella anunció la eliminación de varias consejerías presidenciales y alrededor de 229 cargos vinculados directamente a la Presidencia. Prometió transformar la Casa de Nariño en un centro de coordinación ejecutiva «sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas». Entre las primeras entidades que desaparecerían figuran la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones serían absorbidas por ministerios con mandato legal.
El problema de fondo es estructural: las obligaciones constitucionales, legales y administrativas blindan buena parte del presupuesto y limitan la capacidad real del ejecutivo para mover el gasto discrecional.
Desde Ágora Capital, la dirección del ajuste es la correcta. La evidencia latinoamericana respalda el recorte de gasto sobre la carga tributaria, y Colombia ya pagó cara la lección contraria durante el ciclo Petro: cuatro años de reformas tributarias que no estabilizaron las cuentas sino que engordaron la deuda $362 billones. El reto de De la Espriella no es de voluntad sino de arquitectura institucional: sin reformas estructurales que desblinden el presupuesto, los $30 billones prometidos seguirán siendo un horizonte, no una cifra. Capital busca reglas claras, y la primera regla es que el Estado gaste lo que tiene.
