El IPC colombiano acumuló 4,77% entre enero y junio de 2026, según el Dane, y en junio el índice anual alcanzó su nivel más alto desde julio de 2024. El Banco de la República mantiene una tasa de interés de 12%, pero su capacidad de maniobra choca con un déficit fiscal que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), alcanzaría 6,7% del PIB en 2026, con una deuda neta proyectada en 60,3%.
La imagen que usa Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, es precisa: «La imagen más clara es la de dos conductores pisando pedales opuestos: el Banco de la República frena mediante una tasa de 12%, mientras el déficit fiscal mantiene acelerada parte de la demanda agregada». El aparato estatal acelera mientras la política monetaria intenta frenar.
El informe de esa universidad identifica cinco palancas para doblegar la inflación. La primera es romper los mecanismos de indexación automática: arriendos que se ajustan por IPC pasado, matrículas y contratos que toman como referencia el salario mínimo. Ese salario subió 23,7% para 2026, muy por encima del criterio técnico de inflación más productividad. Según las simulaciones, revisar esos mecanismos de forma gradual podría restar entre 0,8 y 1,3 puntos porcentuales a la inflación de 2027.
La segunda palanca es el ajuste fiscal. El estudio propone iniciar en 2027 un esfuerzo equivalente a entre 1,5% y 2% del PIB y completarlo durante 2028 y 2029. Sin ese ajuste, el déficit seguirá alimentando la demanda que la tasa de interés busca enfriar.
La tercera apunta a la cadena de suministro agrícola. En junio, las frutas frescas subieron 23,27% anual y la carne de res 14,27%, mientras el arroz cayó 6,82%. El informe propone reducciones temporales de aranceles para fertilizantes e insumos, corredores logísticos para perecederos y mecanismos de importación de emergencia. Algunas de esas medidas podrían reflejarse en precios en un plazo de entre 2 y 9 meses, según el estudio.
La cuarta palanca son los precios regulados. El transporte urbano aumentó 10,64% anual y aportó 0,51 puntos porcentuales a la inflación. A eso se suman energía, gas y combustibles, con un agravante: las reservas probadas de gas cerraron 2025 en 1.717 gigapies cúbicos, 17% menos que un año antes, con horizonte de apenas 5,9 años al ritmo actual. La recomendación no es congelar precios —el informe advierte que eso genera deudas y problemas de abastecimiento— sino escalonar los incrementos para evitar que coincidan en el tiempo. El alivio estimado: entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales en 12 meses.
La quinta condición es la credibilidad del gobierno que asuma el 7 de agosto: presupuesto de 2027 con ingresos realistas, criterio técnico para el próximo aumento del salario mínimo y respeto a la autonomía del Banco de la República. Si esas señales llegan, la inflación podría converger a un rango de entre 3,8% y 4,2% en 2027. Si no, el escenario es 5,2%-5,8%.
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es nítido: Colombia no tiene un problema de política monetaria, tiene un problema de política fiscal y de credibilidad institucional. El Banco de la República no puede compensar seis años de gasto sin ancla ni un aumento salarial que duplicó el referente técnico. Capital busca reglas claras, y ningún inversor fija precios a largo plazo en una economía donde el próximo gobierno puede volver a pisar el acelerador del gasto. La transición del 7 de agosto no es solo política; es el momento en que los mercados decidirán si Colombia merece una prima de riesgo más baja o más alta.
