El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, utilizó su primer discurso desde el cantón militar Pichincha, en Cali, para trazar el rumbo económico de su administración: reforma tributaria simplificadora, decreto de recorte del gasto público y eliminación del impuesto al patrimonio. La intervención duró más de una hora.
La frase que resonó en los mercados fue directa: «El impuesto del patrimonio será eliminado. Debemos de dejar de castigar a los que generan empleo». De la Espriella atribuyó el déficit fiscal que hereda al gobierno del expresidente Gustavo Petro y prometió que la austeridad «no recaerá sobre los que más necesitan».
El respaldo del sector privado llegó de inmediato. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), calificó la decisión como positiva en declaraciones a Blu Radio y fue explícito sobre el daño acumulado: «El impuesto al patrimonio ha significado un golpe grande contra la inversión en Colombia. Hemos tenido una cantidad de capitales colombianos que no han vuelto a invertir en Colombia y casos de personas y entidades que cambiaron sus domicilios tributarios».
Mac Master desarmó el argumento fiscal que suele esgrimir el estatismo para defender el gravamen. Según el dirigente gremial, eliminar un impuesto no implica automáticamente recortar un gasto específico; el problema de fondo es un Estado que gasta sin considerar las implicaciones sobre el resto de la economía. «Un gobierno que piense solamente en recaudar para poder gastar va a querer tomar decisiones que al final no tienen en cuenta las implicaciones sobre el resto de la economía», señaló.
Los números de crecimiento reciente refuerzan la urgencia del giro. Mac Master recordó que Colombia creció 1,7% en 2024 y 2,6% en 2025, y advirtió que a esas tasas el país «no logra realmente salir de la crisis fiscal» ni generar las condiciones para avanzar. La conclusión del gremio es que sin crecimiento robusto no hay corrección de desequilibrios posible.
El empresariado también fijó sus expectativas para el corto plazo: que De la Espriella ratifique ante el Congreso los mensajes ya anticipados en un encuentro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que incluyen salud fiscal, respeto por la propiedad privada, libre mercado y cumplimiento de las reglas. Mac Master subrayó que el sector privado no pide prebendas: «Nosotros entendemos que tenemos una función en la economía y queremos poder tener la oportunidad de cumplir ese papel».
Desde Ágora Capital, la señal es nítida. Cuando el Estado deja de penalizar la acumulación de capital, los incentivos se reordenan solos: el ahorro se queda, la inversión regresa y la base tributaria crece por la vía del crecimiento, no del castigo. Colombia lleva dos años creciendo por debajo de lo necesario para cerrar su brecha fiscal; la eliminación del impuesto al patrimonio no es un regalo al empresariado, es una corrección de un error de diseño que expulsó capital durante años.
El verdadero examen vendrá cuando el proyecto de reforma tributaria aterrice en el Congreso. Ahí se verá si la promesa de simplificación resiste la presión del aparato burocrático o si, como ha ocurrido en ciclos anteriores, el Estado colombiano vuelve a elegir el recaudo fácil sobre el crecimiento sostenido. Capital busca reglas claras, y por primera vez en mucho tiempo, Bogotá parece dispuesta a dárselas.
