El debate del Presupuesto General de la Nación 2027 arrancó con una propuesta que pone los nervios de punta a los mercados de deuda: el senador ponente Christian Garcés, del Centro Democrático, planteó al Gobierno estudiar el aplazamiento del pago de $150 billones de deuda pública previstos para el próximo año.
«He propuesto que se estudie a fondo aplazar el pago de deuda, porque $150 billones para el próximo año es muy alto y necesitamos dirigir recursos a aumentar la inversión, que quedó estancada», afirmó Garcés. Según el congresista, liberar esos recursos permitiría cumplir el programa de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y exigiría una reforma de fondo al presupuesto presentado por la administración anterior.
La propuesta se discutió en una reunión entre Garcés, los presidentes de las comisiones económicas Tercera y Cuarta, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien calificó el encuentro como «positivo». Gómez confirmó que mantiene en $634,95 billones el monto del presupuesto, aunque reconoció la necesidad de ajustes durante el trámite legislativo. «Creo que entienden con claridad la necesidad de hacer un ajuste (...) y poner en orden las finanzas públicas», aseguró el ministro.
El proyecto enfrenta además un faltante cercano a $60 billones, lo que abre una discusión paralela sobre fuentes de financiación y distribución del gasto. «Ape» Cuello, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, coincidió con la lectura positiva del encuentro y anunció la instalación de una mesa permanente de trabajo esta semana para revisar el monto del proyecto y las necesidades presupuestales de cada sector.
A este escenario se suma la ley de rescate fiscal que prepara el Gobierno, con la que espera reducir el déficit fiscal de 9,4% a 7,2%. Por ahora no se conocen los detalles de las medidas específicas que permitirían alcanzar esa meta.
El cuadro es claro: el Estado gasta $40 billones al mes y recauda $29 billones, según informó MinHacienda. Esa brecha es el telón de fondo de toda la negociación.
La lectura de Ágora Capital. Aplazar el servicio de deuda soberana no es un ajuste fiscal; es trasladar el costo al futuro y enviar una señal de fragilidad a los acreedores. El mercado ya cotiza ese riesgo: la subida del presupuesto de De La Espriella disparó el riesgo país según reportes previos. Capital busca reglas claras, y un Estado que negocia si paga o no sus obligaciones no las ofrece. La única salida sostenible pasa por recortar gasto corriente y ampliar la base productiva, no por diferir compromisos que el contribuyente colombiano terminará pagando con intereses.
