El Consejo de Empresas Americanas (CEA), que dirige Ricardo Triana, puso sobre la mesa un objetivo concreto: que entre el 90 % y el 93 % de la canasta exportadora colombiana ingrese al mercado estadounidense con arancel cero.
Triana explicó que el acuerdo sobre comercio recíproco es un instrumento de carácter ejecutivo y técnico, pensado para dinamizar el intercambio bilateral y superar barreras arancelarias de emergencia, como el recargo del 12,5 % sobre ciertos productos.
Según el dirigente, la negociación está liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El propósito central es ampliar el acceso al mercado norteamericano para productos colombianos, a cambio de compromisos de reciprocidad en estándares laborales, seguridad aduanera y transparencia en las cadenas de suministro.
Triana sostuvo que el Tratado de Libre Comercio firmado en 2012 sigue siendo «la columna vertebral» de la relación económica entre ambos países. Añadió que el nuevo acuerdo no deroga ni sustituye al TLC, sino que funcionaría como un mecanismo complementario y operativo para atender una coyuntura arancelaria específica.
El CEA dijo que el TLC conserva vigentes sus capítulos de desgravación de largo plazo, protección a la inversión, solución de controversias, propiedad intelectual y compras públicas. Lo que cambiaría con el nuevo esquema sería la agilidad para resolver obstáculos tarifarios inmediatos mediante protocolos de reciprocidad y cumplimiento normativo.
El acuerdo abarca sectores como agroindustria, manufacturas intermedias, plásticos, textiles y confecciones. Entre los productos mencionados figuran flores cortadas, café, aceite de palma, cacao, frutas procesadas y banano.
Las condiciones de acceso están marcadas por la reciprocidad estricta y la certidumbre aduanera. Triana afirmó que, para acceder a la tarifa cero, las empresas exportadoras colombianas deben certificar que en la elaboración de sus productos no intervienen insumos provenientes de terceros países asociados a prácticas de trabajo forzoso.
El dirigente también dijo que el nuevo marco se alinea con las normativas éticas exigidas por la legislación estadounidense y el Decreto 1444 de 2026 expedido por el Gobierno colombiano.
Para Triana, el acuerdo representa «una oportunidad clave para blindar el acceso preferencial al mercado de consumo más grande del mundo». Agregó que beneficiaría de forma directa la estabilidad de más de 120.000 empleos directos y 420.000 indirectos generados por las empresas afiliadas al CEA, además de ofrecer un alivio económico para la reactivación del país.
Pero no todos los sectores partirían desde la misma posición. Triana advirtió presiones para algunas ramas de confecciones y calzado que dependan de materias primas importadas de mercados asiáticos con «trazabilidad laboral difusa». También señaló que las pequeñas y medianas empresas deberán adaptar sus procesos productivos y administrativos a los costos y requisitos de certificación aduanera.
Estados Unidos y Colombia, dijo, mantienen una relación bilateral de más de 200 años. En esa línea, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos busca garantizar reciprocidad en el comercio y la integridad de las cadenas de suministro dentro de su política de comercio justo.
En términos económicos, el dato central es simple: si Colombia logra ampliar el acceso preferencial, habrá más espacio para exportar, sostener empleo y reducir fricciones tarifarias. Si el costo regulatorio y de certificación termina pesando demasiado sobre las empresas, el beneficio podría concentrarse en quienes ya tienen músculo operativo para cumplir.
Capital busca reglas claras. Un acuerdo que preserve el acceso al mercado estadounidense puede mejorar la competitividad y el flujo comercial, pero también eleva la vara para la industria local. El reto no es solo vender más: es vender con márgenes suficientes para absorber la nueva carga de cumplimiento.
