Una coalición de empresas lanzó esta semana la campaña «Cheers for Change» con un objetivo concreto: desmantelar las leyes sobre bebidas alcohólicas que el estado de Nueva York heredó de la era post-Prohibición, muchas de ellas vigentes desde 1934.
El movimiento está encabezado por el Business Council of New York State junto a comerciantes de licores, bares, restaurantes y líderes del sector hotelero. Su diagnóstico es directo: las reglas del siglo pasado no tienen lugar en la economía del siglo XXI.
«Nueva York ha avanzado, pero queda mucho camino por recorrer», afirmó Paul Zuber, vicepresidente ejecutivo del Business Council, en un comunicado. «El marco regulatorio de la hostelería, las pequeñas empresas y los consumidores merece reflejar la realidad de 2026, no la de 1934».
Entre las restricciones en el punto de mira figuran las llamadas «200-Foot Law» y «500-Foot Law», que establecen zonas de exclusión entre establecimientos con licencia de alcohol, y las normas de «tied-house», que limitan vínculos comerciales entre productores y puntos de venta. Andrew Rigie, director ejecutivo de la NYC Hospitality Alliance, señaló que actualizar esas reglas «eliminará barreras innecesarias para abrir y hacer crecer restaurantes, bares y otros negocios de hostelería».
Otro frente es la prohibición que impide a los supermercados vender vino, sostenida por la presión del lobby de las licorerías. La coalición considera que levantar esa veda ampliaría la competencia y beneficiaría al consumidor.
La gobernadora Kathy Hochul ha dado pasos parciales: su presupuesto para el año fiscal 2027 incluye medidas para proteger a los minoristas de comisiones abusivas, agilizar licencias mayoristas de cerveza y ampliar servicios de bebidas en cines. También se eliminaron restricciones obsoletas sobre el baile y se extendieron los horarios durante eventos como la Copa Mundial de la FIFA. Una portavoz de Hochul indicó que la gobernadora «sigue comprometida con impulsar a las pequeñas empresas» y trabajará con todos los actores en la próxima sesión legislativa.
No obstante, la reforma enfrenta resistencia. El concejal Harvey Epstein, que representa el Lower East Side y East Village, pidió equilibrio: «Queremos asegurarnos de que en el barrio haya una tintorería, un dentista, una farmacia, una papelería». Su distrito concentra una alta densidad de establecimientos con licencia de alcohol.
La hoja de ruta de la coalición se apoya en el informe de 2023 de la Comisión para el Estudio de la Reforma de la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas, que ya recomendó cambios en las restricciones de tied-house y una revisión de las leyes de distancia.
El mercado ya votó: la hostelería neoyorquina lleva décadas operando con un corsé regulatorio diseñado para otro mundo. Cada licencia denegada por una norma de 1934, cada supermercado impedido de vender vino y cada bar bloqueado por una zona de exclusión arbitraria representa un costo real para el contribuyente —en empleos no creados y recaudación fiscal perdida— y un beneficio artificial para los grupos de presión que defienden el statu quo. Capital busca reglas claras; la burocracia heredada de la Prohibición no es patrimonio histórico, es un lastre competitivo.
