El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió el fallo final del arbitraje promovido por Calica, filial de Vulcan Materials Company, contra el Estado mexicano. El tribunal desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, con excepción de una medida relacionada con la clausura de un predio ocurrida en enero de 2018. Según el Gobierno de México, esa excepción «representa menos del 1% del monto original reclamado».
El arbitraje se tramitó al amparo del T-MEC. Calica alegaba que, entre enero de 2018 y 2022, diversas autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron sus operaciones en la costa de Quintana Roo. La empresa había llegado a reclamar una indemnización de 1,900 millones de dólares.
El cierre definitivo de las operaciones mineras ocurrió en 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por sobreexplotación de los límites autorizados. Las autoridades documentaron la devastación de más de 1,200 hectáreas de selva, la destrucción de cenotes y la alteración del manto acuífero subterráneo. Posteriormente, el gobierno federal decretó los terrenos de Calica como Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, bloqueando cualquier actividad minera futura.
Durante casi cuatro décadas, Calica extrajo millones de toneladas de material pétreo del subsuelo marino y de la selva para exportarlo a Estados Unidos, bajo concesiones otorgadas por gobiernos anteriores a la llamada Cuarta Transformación.
Tras conocerse el fallo, el Gobierno de México señaló que «analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance» y refrendó su «compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente».
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El resultado es, en los números, una victoria procesal para México: el tribunal validó la soberanía regulatoria del Estado en materia ambiental y rechazó la tesis de expropiación ilegal en casi su totalidad. Pero el caso deja una lección incómoda para el clima de inversión. Capital busca reglas claras, y la secuencia de este expediente —concesiones otorgadas, operaciones toleradas por décadas, clausura abrupta y litigio multimillonario— ilustra exactamente el tipo de incertidumbre jurídica que encarece el riesgo país y desalienta la inversión de largo plazo.
El fallo no cierra el debate: el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hereda un entorno donde las reglas de entrada y salida para la inversión extranjera siguen siendo opacas. Mientras México celebra el resultado arbitral, el mercado toma nota de que el camino hasta aquí costó años de litigio, recursos públicos y una señal de inestabilidad que ningún comunicado de «certidumbre jurídica» borra de un día para otro.
