La provincia de Chiriquí tiene sobre la mesa una cartera de inversiones público-privada cercana a los $1,000 millones. El potencial es real: logística, turismo, comercio e infraestructura convergen en una geografía que conecta con Costa Rica y abre acceso a mercados regionales. El problema, como dejó en claro el foro Café con La Prensa celebrado el 9 de julio en David, es que el aparato estatal está convirtiendo esa oportunidad en una lista de espera.
Mavis Polo Cheva, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (Camchi), fue directa: «La burocracia es un cuello de botella». Explicó que la falta de coordinación entre instituciones, la duplicidad de procesos y la disponibilidad limitada de personal para inspecciones terminan paralizando toda la cadena económica. En casos documentados, un inversionista puede esperar hasta seis meses por una sola inspección.
Ese tiempo no es un trámite abstracto. Cada semana de retraso posterga contrataciones, frena compras de materiales y deja sin ingresos a contratistas y proveedores locales. «Esto no es solo un papel que está detenido», advirtió Polo Cheva.
Entre los proyectos privados en cartera destaca Ciudad Modelo Santa Fe, con una inversión estimada de $200 millones y una proyección de 300 empleos anuales. Del lado público, el puerto multimodal de Puerto Armuelles registra un avance del 70% con $31.3 millones invertidos, y el Mercado del Marisco en Pedregal alcanza el 90% de ejecución en su primera fase.
Sin embargo, las obras de mayor envergadura muestran un patrón preocupante. El sistema de alcantarillado de David, con una inversión de $297 millones, avanza apenas al 53% tras varios periodos gubernamentales. El Centro Oncológico de Bugaba, con 43% de ejecución, genera dudas sobre la capacidad del Estado de completar lo que inicia.
Manuel Ramón Guerra, presidente de la Feria Internacional de David, apuntó a otro flanco: la infraestructura fronteriza panameña luce rezagada frente a la modernización del lado costarricense, lo que daña la imagen del país y limita el flujo de visitantes y comercio. Además, señaló que la promoción turística sigue concentrada en la capital, pese a que Chiriquí ofrece playas, montañas y una feria que en su edición número 69 reunió a más de 300,000 visitantes y 1,105 expositores, generando un impacto económico superior a los $50 millones.
El cuadro es nítido: capital privado dispuesto a entrar, infraestructura pública a medio terminar y un Estado que tarda más en aprobar un permiso que en cambiar de gobierno.
La lectura de Ágora Capital es sencilla. Chiriquí no tiene un problema de demanda de inversión; tiene un problema de oferta institucional. Cuando el Estado tarda seis meses en enviar un inspector, no está siendo cauteloso: está cobrando un impuesto invisible sobre el tiempo y la certeza jurídica del inversionista. El gobierno del presidente Mulino tiene aquí una prueba concreta de que el discurso pro-inversión debe traducirse en ventanillas únicas, plazos vinculantes y coordinación real entre entes públicos.
El capital no espera indefinidamente. Si Chiriquí no reduce esa fricción burocrática, los $1,000 millones en agenda seguirán siendo una cifra en una presentación, no una realidad en la economía de la provincia.
