La Comisión de Trabajo del Senado aprobó este miércoles una indicación del gobierno que reformula la Franquicia Tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). El acuerdo llegó después de que la propuesta original —eliminar el beneficio por completo— no reuniera respaldo político, y una segunda versión que lo reducía a 0,5% tampoco lograra consenso.
Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien presentó una nueva indicación elevando el techo de descuento a 0,7% de la planilla anual de remuneraciones. Hoy ese porcentaje es de 1%. La propuesta fue aprobada por unanimidad: votaron a favor los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Andrea Balladares (RN), Arturo Squella (Republicano), Gastón Saavedra (PS) y Daniel Núñez (PC).
La franquicia permite a las empresas contribuyentes de Primera Categoría descontar del impuesto a la renta los gastos en acciones de capacitación autorizadas por el Sence, calculados sobre la planilla de trabajadores, extrabajadores y potenciales trabajadores.
Nuevos topes por tramo salarial
Un segundo artículo —aprobado solo con votos del oficialismo— establece límites al monto imputable según el nivel de remuneración del trabajador capacitado: hasta el 80% de los gastos cuando la remuneración mensual imponible sea igual o inferior a 25 UTM; hasta el 50% entre 25 y 50 UTM; y hasta el 15% cuando supere las 50 UTM. La diferencia deberá ser financiada directamente por la empresa y no podrá trasladarse al trabajador.
La indicación también precisa qué actividades no califican como capacitación: quedan excluidas las de carácter recreativo o de integración sin desarrollo verificable de competencias, las de cumplimiento meramente formal y las de auto instrucción sin intervención efectiva de un relator, tutor o facilitador.
Gasto fiscal comprometido
Para los ejercicios presupuestarios 2027, 2028 y 2029, la ley obliga a contemplar un aporte fiscal adicional de $10.000 millones anuales, destinado exclusivamente al financiamiento de acciones de capacitación. En total, el compromiso asciende a $30.000 millones de dinero de los contribuyentes en tres años.
Además, transcurridos tres años desde la entrada en vigencia de la ley, el Ministerio del Trabajo deberá encargar una evaluación externa del sistema a una entidad seleccionada mediante proceso competitivo, que deberá pronunciarse sobre calidad, impacto en empleabilidad y productividad, y cobertura en empresas de menor tamaño.
El proyecto avanza ahora a la Comisión de Hacienda del Senado.
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El acuerdo ilustra con precisión la lógica de la megarreforma: el Estado reduce el incentivo privado a capacitar —de 1% a 0,7%— y simultáneamente compromete gasto fiscal para suplir parte de ese espacio. El resultado es una transferencia de decisión desde la empresa hacia el aparato estatal: menos autonomía del empleador para definir qué capacitación necesita su dotación, más burocracia para validar qué cuenta y qué no.
La libre empresa capacita cuando el retorno lo justifica. Cuando el beneficio tributario se recorta y la definición de «capacitación válida» la fija el regulador, el incentivo se debilita y el costo administrativo crece. Los $30.000 millones comprometidos son dinero de los contribuyentes que llega tarde y con menos eficiencia que el peso privado que se acaba de encarecer.
