El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Osvaldo Corrales, encendió la alerta. Los recortes en Becas Chile y en las bases de los fondos postdoctorales del 2027 «han preocupado al Consejo», reconoció en declaraciones recogidas por La Tercera.
El Cruch admite el contexto. La estrechez fiscal es real. Sin embargo, Corrales marcó una línea roja: las modificaciones a los concursos postdoctorales exigen ahora residencia definitiva en Chile como requisito de postulación. Para el Consejo, eso es un error.
«Creemos que eso va a dificultar la atracción de capital humano avanzado extranjero que el país necesita», sostuvo. Las universidades usan esas becas precisamente para traer investigadores de fuera. Poner la residencia permanente como condición cierra esa puerta.
El Cruch ya trasladó la discrepancia a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Ayer arrancó un «proceso de diálogo», según Corrales. No hay respuesta definitiva. Las conversaciones continuarán esta semana y la próxima, también con la directora de la Agencia de Desarrollo e Investigación.
Sobre Becas Chile, el rector fue más matizado. Reconoció que el programa «puede ser revisado» como toda política pública. Pero subrayó que ha permitido al país «contar con un capital humano avanzado más robusto». El problema real, admitió, no está en las becas sino en el mercado laboral chileno. El sistema productivo no logra absorber a quienes regresan con doctorados o postdoctorados. «Muchos no cumplen porque realmente en Chile no encuentran espacios laborales donde ser contratados», dijo.
Como salida, Corrales apuntó a un posible subsidio al empleo de capital altamente calificado. El Estado contribuiría temporalmente a sufragar la remuneración de esos profesionales en empresas privadas. La propuesta está sobre la mesa, no tiene forma definitiva.
El mensaje central del rector fue directo: «Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que lo que se destina a investigación no es gasto, es inversión».
En cuanto a los recortes ya ejecutados este año, Corrales reconoció que no afectaron las funciones misionales —docencia, investigación y vinculación—. El ajuste se concentró en partidas ligadas a la recompra de carteras del CAE. Aun así, advirtió: sería «ingenuo» decir que los anuncios de futuros recortes no generan inquietud.
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Los números mandan antes que los discursos. Chile enfrenta una tensión clásica: un fisco apretado que recorta por el lado más visible y un aparato universitario que depende del gasto público para sostener su masa crítica de investigación. El problema de fondo que el propio Corrales describe —un mercado laboral incapaz de absorber talento calificado— no se resuelve con más subsidios estatales. Se resuelve con menos regulación, más inversión privada y reglas que hagan rentable contratar a un doctor. Mientras el debate se quede en «persuadir al Ejecutivo», el capital humano seguirá buscando mejores retornos en otro lado.
